• Las estrategias anticorrupción tradicionales se han basado en sanciones, incentivos y fortalecimiento institucional.

Por: Redacción/

Las medidas más efectivas para corregir la corrupción son partir de sus causas y no de sus síntomas, sostuvo el maestro José Luis Hernández Mota, académico del Departamento de Economía de la Unidad Azcapotzalco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), al participar en el Primer Coloquio Internacional de la Red Mexicana de Estudios Institucionales Capitalismo, cambio institucional y comportamiento humano.

Las estrategias anticorrupción tradicionales se han basado en sanciones, incentivos y fortalecimiento institucional, por lo que la propuesta teórica en la que se está trabajando en la investigación refiere prácticas colectivas sustentadas en amenazas creíbles llevadas a cabo a través de reglas claras y sencillas.

“La agenda implica algunos puntos importantes: establecer el espacio y las relaciones en términos de los vínculos, maniobras, formas de intercambio, recursos, bienes intercambiables y modos institucionales en los cuales operan los actos de corrupción, lo que permite reconocer la existencia de un mercado social y ver cuál es el rol no institucional que puede jugar el accionar colectivo”.

Lo anterior, en términos empíricos conlleva una investigación cuantitativa local, lo que comprende procesos de economía experimental, es decir, ver los subsidios que puedan entregarse a quien no corresponde, la adulteración de padrones para favorecer a algunos y determinar si esto puede persistir o se puede combatir”, sostuvo al presentar su proyecto Acción colectiva y combate a la corrupción: un análisis de la participación no institucional.

El doctor Manuel Ontiveros Jiménez, docente del Departamento de Estudios Institucionales de la Unidad Cuajimalpa, explicó que la importación de instituciones se refiere a la adopción de políticas públicas, reformas estructurales, buenas prácticas y medidas gubernamentales de coyuntura que han tenido su concepción y diseño en organismos y agencias internacionales en promoción del desarrollo.

En su ponencia La importación de instituciones como causa de violencia afirmó que la aceptación de políticas que se originan en organismos internacionales podría interrumpir o deteriorar los acuerdos de los grupos de la élite dominante y éstos empezar a generar violencia.

Aun así no todas las políticas que vienen de fuera son necesariamente negativas, tal es el caso de las campañas de vacunación, pero existen otras, sobre todo las que van a modificar los acuerdos de las clases gobernantes, que sí van a producir violencia en la sociedad.

La maestra Ada Nancy Ojeda Gómez, egresada de doctorado en Ciencias Económicas de la UAM, abordó el caso de la contratación de jornaleros en San Quintín, Baja California, en donde los productores acuden a enganchadores quienes se encargan de mover grandes cantidades de mano de obra y, por lo tanto, ocupan un papel importante en la cohesión económica en los mercados de trabajo de la agricultura de exportación.

Sin embargo, la especialista destacó que funcionan como empresas de outsourcing y en un principio ofrecen buenos salarios y condiciones laborales, lo que en la práctica no se cumple porque son pocos los que firman un contrato, además de que existe un sindicato que los jornaleros no conocen, por lo que se les considera simples peones del campo sin voz ni voto.

Dichos “mercados se rigen no sólo a través de instituciones económicas, sino de organizaciones sociales y políticas con sindicatos y contratos, pero cuando la maximización del beneficio es la regla de decisión suprema se configuran distorsiones que no permiten la cohesión”.

El doctor César Vargas Téllez, profesor del Departamento de Estudios Institucionales de la Unidad Cuajimalpa, expuso cómo está organizado el rubro notarial, a partir de una investigación que tiene como finalidad contribuir al debate sobre si existe o no competencia.

Como parte de sus conclusiones, consideró importante poner mayor atención al mercado de notarías públicas, pues presenta una fragmentación y no es muy heterogéneo.

“No existen criterios únicos que rijan una oferta de notarías públicas a escala nacional y se calcula que 54 por ciento de ellas son pequeñas; la propuesta sería integrar un organismo o un consejo entre las comisiones Federal de Competencia, Nacional de Mejora Regulatoria y regulatorias estatales, así como los Colegios de Notarios para estandarizar los criterios al construir una oferta en el ramo”.