Por: Redacción/

Las guías en bioética para la toma de decisiones médicas ante emergencias de salud pública como la del COVID-19 son necesarias, pero deben ser pragmáticas, claras y a partir de dos grandes criterios: la equidad y la maximización de beneficios para el mayor número de pacientes, argumentó el doctor Jorge Alberto Álvarez Díaz, investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

En México hubo un intento de fijar los lineamientos a nivel nacional, pero sin considerar las peculiaridades en regiones u hospitales, por lo que ese documento fue inoperante, así que ahora habría que intentar uno de aplicación en todos los ámbitos locales, según un mismo criterio para descartar el descontento y la incertidumbre entre los profesionales del sector y los pacientes, explicó el académico del Departamento de Atención a la Salud de la Unidad Xochimilco.

Al participar en la cuarta sesión de la serie Conversaciones con expertos: implicaciones bioéticas y sociales del uso de estándares de crisis en el contexto de COVID-19, organizada por el Institute for Healthcare Improvement (IHI), aseguró que es preciso evaluar soluciones tecnocientíficas y médicas para generar un estándar y distribuir recursos cuando son limitados, además de apoyarse en la clasificación del triaje para clasificar y ponderar quiénes pueden recibir un servicio determinado.

En la medicina crítica existen pautas estudiadas para el ingreso a cuidados intensivos y la valoración continua de la evolución de los enfermos, así como para establecer un pronóstico cuando egrese de la sala de cuidados intensivos o determinar la salida hospitalaria.

En el caso del COVID-19, el recurso es escaso en cuidados intensivos por la ventilación mecánica y otros equipos para mejorar la capacidad respiratoria, así es que una primera clasificación resulta obligatoria entre quiénes podrían beneficiarse de esa atención, aquellos que estén suficientemente bien como para no ingresar a dicha área y los que no mejorarán; a estos últimos sería mejor ofrecerles paliativos, pues “se trata de dar lo que corresponde, de acuerdo con la forma más antigua de entender el término de justicia”.

El método científico ha permitido investigar, pero ante un padecimiento emergente como éste hay aún aspectos desconocidos, por lo tanto, todas estas evaluaciones deben hacerse de manera dinámica y en condiciones muy peculiares de incertidumbre, dependiendo de los conocimientos validados por la ciencia para actuar con ética.

La adquisición de ventiladores, materiales de protección para el personal o medicamentos para quienes permanecen en cuidado crítico ha implicado sumar esfuerzos y resulta prioritario que estos insumos se compren en condiciones prudentes, “por la obligación de los estados de ampliar lo más posible la capacidad hospitalaria para no utilizar estas guías, en las que unos pacientes entran y otros no”.

Si bien son necesarias, también significan un poco o un mucho el fracaso del sector como sistema para poder atender a toda la población, debido a que “la toma de decisiones tendría que hacerse con racionalidad, pues no se trata sólo de tener respiradores, sino de pensar desde el punto de vista técnico para contar con conexiones eléctricas, monitores cardiovasculares, bombas de infusión, camas y un grupo de personas que atienda” a los enfermos.

El doctor Álvarez Díaz señaló que con las prospecciones en epidemiología matemática es posible calcular cuántos casos se esperan, prepararse para los peores escenarios y evitar que los servicios médicos se saturen. Sin embargo, “promover la colaboración en salud y la construcción de ciudadanía en la materia han sido dos aspectos pendientes en América Latina y el mundo”.

La charla fue moderada por Pedro Delgado Beltrán, jefe del IHI para América Latina, y Jafet Arrieta, directora de proyectos. También participó el doctor Andrés Aguirre Martínez, presidente de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas y director general del Hospital Pablo Tobón Uribe, con sede en Medellín, Colombia.