Por: Redacción

El Instituto Belisario Domínguez (IBD) reconoció que las candidaturas independientes, por sí solas, “no son la solución a los problemas de nuestra democracia”, pero tampoco representan una amenaza “como algunos actores las han querido ver” y constituyen una alternativa viable para fortalecer el derecho ciudadano a ser votado, así como la competitividad y pluralidad en el sistema político-electoral mexicano.

En una investigación elaborada por la Dirección General de Investigación Estratégica, el IBD considera que a este tipo de figuras “hay que comprenderlas simplemente por lo que son: una nueva vía que permite a ciudadanos –buenos o malos, políticos profesionales o de nuevo ingreso– postularse a un cargo electivo al margen de los partidos políticos”.

Menciona que el devenir de las candidaturas independientes se debate entre el impulso democratizador de una sociedad que reclama nuevas modalidades de participación política y la inercia de las fuerzas que se resisten a estos cambios.

También destaca que en términos de regulación los retos más importantes que enfrentan este tipo de figuras son su reglamentación a nivel estatal –principalmente de cara a las reformas que han aumentado los requisitos para su registro y que afectan el derecho al voto por la vía independiente–, así como los mecanismos de financiamiento suficiente para una contienda electoral equitativa entre candidatos y partidos.

En el documento “Candidaturas independientes en México. Antecedentes, avances, resultados y perspectivas”, el Instituto refiere que la reforma político electoral de 2014 estableció que cada una de las 32 legislaturas locales estaría encargada de reglamentar y definir los requisitos para permitir candidaturas independientes a cargos locales, así como el acceso a financiamiento público y a tiempos en radio y televisión.

Sin embargo, tras los triunfos en las pasadas elecciones de seis candidatos independientes –un diputado federal, un diputado local, tres presidentes municipales y un gobernador–, los congresos de Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Hidalgo, Puebla, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz aprobaron leyes que elevan los requisitos para registrar una candidatura independiente.

“Las reglamentaciones locales parecerían ser una reacción en cadena contra la reciente apertura del sistema electoral y la amenaza percibida de los partidos políticos a la competitividad de las candidaturas independientes en procesos electorales locales”.

Dicha oposición, enfatiza el IBD, plantea un desafío central para los objetivos de la reforma político-electoral de 2014: cómo armonizar la autonomía de las entidades federativas con la determinación de requisitos razonables que hagan viable el ejercicio de un derecho ciudadano de reciente creación, garantizado en la Constitución.

Por otro lado, la reglamentación sobre las candidaturas independientes en materia de financiamiento aprobada en 2014 estableció normas puntuales en el ámbito federal sobre acceso al financiamiento, distribución de financiamiento público y límites al financiamiento privado en campañas, así como topes de gasto en campañas electorales.

Sin embargo, la heterogeneidad de la adopción del régimen normativo de las candidaturas independientes provocó dificultades que fueron atendidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que concluyó que “el principio constitucional de prevalencia del financiamiento público sobre el privado resulta aplicable única y exclusivamente a los partidos políticos”.

Si la interpretación del TEPJF subsiste y se mantiene por encima del principio constitucional de preeminencia del financiamiento público sobre el privado, advierte el Instituto Belisario Domínguez, “los candidatos independientes en el ámbito de las entidades federativas podrían tener acceso a una amplia bolsa de recursos privados, con la consecuente y potencial captura de candidatos por parte de actores con poder económico”.

Reconoció que un mayor acceso a financiamiento privado por parte de los candidatos independientes no significa que estén ajenos a cumplir con los requerimientos de fiscalización y que mayor financiamiento privado conduzca a actos de corrupción en los ingresos y gastos de campañas electorales.

“Pero sí se abre la posibilidad a que, en un escenario de desprestigio de los partidos políticos y de creciente interés en las candidaturas independientes como opciones reales de acceso al poder, actores con poder económicos vean en este tipo de candidaturas una vía para acceder a posiciones de poder político y ejercer desde ahí su influencia”.