Por: Monserrat Maldonado Sánchez
Amnistía Internacional presentó su informe: “Un trato de indolencia, la respuesta del Estado a las desapariciones en México” en el Congreso del Estado de Chihuahua, y en ese contexto señaló que las autoridades parecen incapaces de dar respuestas sólidas e institucionales respetuosas de los derechos humanos de las víctimas.
Durante la presentación, la organización escuchó varios testimonios de familiares de personas desaparecidas en el municipio de Ciudad Cuauhtémoc, que han enfrentado diversos obstáculos en la búsqueda de sus seres queridos, entre ellos la indiferencia de un gobierno que invisibiliza la magnitud del problema de las desapariciones en esa entidad.
Lo que ocurre en Ciudad Cuauhtémoc es una muestra de la realidad de miles de casos de desaparición en el país que se encuentran prácticamente abandonados, ignorados por las autoridades y en total impunidad, apuntó Amnistía Internacional.
“Es crucial que el Gobierno de Chihuahua reconozca que administrar la crisis, no soluciona el problema, sino por el contrario, lo agrava. Se debe asegurar los derechos de las víctimas – incluyendo la búsqueda de las personas desaparecidas- y garantizar los derechos a la verdad, justicia y reparación”, señaló Perseo Quiroz, Director Ejecutivo de Amnistía Internacional México.
Marisela Escobedo
Después de la presentación del informe familiares de personas desaparecidas, integrantes de Amnistía Internacional y el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) se dirigieron a la placa conmemorativa a Marisela Escobedo ubicada en la puerta del Palacio de Gobierno donde fue asesinada en 2010, lugar que se ha convertido en un símbolo emblemático de la lucha de las madres por el acceso a la justicia.
Sin embargo, las autoridades impidieron la colocación de una ofrenda floral negándose a mover una grúa colocada sobre la placa.
“Es difícil de creer que familiares de personas desaparecidas, fotos y flores representen una amenaza para el Estado, observamos con preocupación que las autoridades parecen incapaces de dar respuestas sólidas e institucionales respetuosas de los derechos humanos de las víctimas y sus familiares frente a sus exigencias legitimas de justicia”, Quiroz.
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