Por: Redacción/

La elaboración de recomendaciones eficientes en casos de catástrofes naturales dependerá de reconocer, evaluar y estudiar aquellos factores que incidieron en las capacidades y formas de respuesta de la sociedad civil, de las autoridades locales y federales, así como de la academia a raíz del sismo del 19 de septiembre pasado, afirmó la doctora María Moreno Carranco.

Para ello será necesario desarrollar herramientas y estrategias de políticas públicas, leyes, planeación urbana y ordenamiento territorial, mientras que las universidades deberán desplegar investigación relacionada con los movimientos telúricos para comprender la complejidad de los problemas que generan.

El objetivo debe ser evitar faltas de comunicación, minimizar las afectaciones sociales y materiales (pérdidas humanas y económicas) y posibilitar la reconfiguración de las identidades.

La profesora-investigadora del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) señaló que los daños registrados fueron diferentes en cada zona de la Ciudad de México –Tláhuac, Xochimilco, Santa Rosa Xolchiaca, Iztapalapa, Villa Coapa o la Roma-Condesa, entre otras– en cuanto a la acción de su población, con base en su historia, características y competencias, así como de la cultura local y la configuración urbana.

En el Conversatorio en torno a retos y prospectivas en los Estudios Socioterritoriales: propuesta de investigación y acción, del Coloquio de Espacialidades de la Unidad Cuajimalpa de la UAM –organizado para proponer trabajos de práctica docente y de investigación que coadyuven a la comprensión de las problemáticas generadas por el sismo– comentó que en cada lugar deberá atenderse la problemática en forma particular.

La formación sociocultural, de competencias laborales y profesionales de los habitantes de la Roma-Condesa y la flexibilidad de sus empleos posibilitó una respuesta diferente que no se dio en otras regiones, respecto de la organización inmediata y ordenada, el empleo de las redes sociales y la generación de sistemas de comunicación y de ayuda, así como de captación de recursos económicos.

Para la Roma-Condesa el sismo de 1985 generó una nueva manera de vivir el espacio y cambios en el uso del suelo que propiciaron una intensa dinámica económica, social y cultural que llevó a la valorización de los inmuebles hasta convertirla en la zona de mayor valor por metro cuadrado en la Ciudad de México, donde el precio de un departamento en preventa con vista al parque México ascendía a 100,000 pesos por metro cuadrado.

El temblor del 19 de septiembre de este año provocará una afectación temporal del valor inmobiliario, aunque sin cambios profundos a largo plazo para el restablecimiento de la vida de esa área capitalina, resultado de sus características urbanas y arquitectónicas que son valoradas por la comunidad.

Los inmuebles afectados fueron edificaciones viejas con problemas estructurales previos o con exceso de niveles permitidos por actos de corrupción.

La doctora Moreno Carranco comentó que los sismos han dejado lecciones para la convivencia social, cultural, política y territorial del país; han generado trascendentales transformaciones como la apertura democrática y la no aceptación de la toma unilateral de decisiones por parte del gobierno.

“El temblor de 1985 enseñó al gobierno que tiene que dejar participar a la sociedad civil con una actitud de colaboración y la sociedad civil entendió la importancia de la ayuda, hecho que se replicó en los jóvenes como una respuesta cultural”.

Ahora “se debe aspirar a construir una sociedad más igualitaria, con la colaboración de la iniciativa privada y todos los sectores para construir un mejor futuro para el país. No perdamos la unión, la fuerza, la capacidad de organización, de cuestionar a las autoridades y de cambiar las cosas”.

La doctora Miriam Alfie Cohen indicó que el grupo de investigación Vulnerabilidad y Resiliencia al Cambio Climático de la Unidad Cuajimalpa trabaja en propuestas para orientar la práctica docente y de investigación a fin de lograr una participación eficiente y de respuesta a las experiencias vividas por el sismo del 19 de septiembre pasado.

Al recordar que sus proyectos de investigación se han centrado en el riesgo, la vulnerabilidad, la resiliencia, la mitigación y la adaptación, comentó que se han extendido a la biodiversidad y los sistemas socioecológicos, proyectando impulsar la acción participativa de sus investigadores y estudiantes.

El propósito sería generar un kit participativo que contenga tanto las áreas de riesgo y vulnerabilidad como de resiliencia en las comunidades. La meta es sensibilizar y capacitar al mayor número de alumnos, ser un grupo reconocido a nivel internacional; generar redes, incrementar las publicaciones y la participación activa en las comunidades.

“No se debe perder el momentum”, hay que “conservar los vínculos que se crearon, esa fuerza y solidaridad para cambiar, para que la sociedad sea tomada más en cuenta y su participación sea permanente y no sólo reactiva”, concluyó la profesora-investigadora del Departamento de Ciencias Sociales de la Unidad Cuajimalpa.

El doctor Gabriel Pérez Pérez, adscrito también a ese Departamento, dijo que las líneas de investigación de los proyectos deberán analizar las políticas públicas para la evaluación de la calidad de la construcción, la gobernanza, la transparencia y el desarrollo habitacional, además de analizar los marcos legales en la materia así como las facultades de instituciones públicas para realizar y regular las edificaciones.

Además deberán estudiar a profundidad el clientelismo político, los movimientos sociales y el control territorial; generar sistemas locales anticorrupción y denuncias de delitos; impulsar estudios comparados sobre políticas de desarrollo habitacional nacional e internacional e incluir la cooperación de los gobiernos locales y federales, además de evaluar las propuestas de campañas y de la agenda de gobierno en temas de construcción.

Para el caso específico de los sismos –afirmó– la temática deberá plantear la gestión gubernamental y la estrategia pública; la cooperación de los gobiernos locales, la transparencia de recursos para afrontar los daños de los movimientos telúricos; el combate a la corrupción de los organismos públicos y la evaluación de las instituciones públicas encargadas de actuar ante la tragedia.

También la acción política y la participación ciudadana; la labor gubernamental ante los movimientos telúricos, así como de las cámaras de diputados y senadores y de los partidos políticos, además de la evaluación comparada sobre las políticas y los planes de gobierno.