Por: Redacción/

El PAN en el Senado cuestionó la premura con la que la bancada mayoritaria de Morena quiere aprobar, vía fast track, las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal antes del primero de diciembre, cuando inicia de manera formal el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Durante la reunión de trabajo en conferencia de las comisiones unidas de Gobernación del Congreso y de Estudios Legislativos, el coordinador de la bancada panista, Damián Zepeda Vidales, consideró que una reforma de esta envergadura no se puede discutir fast track, como lo pretende Morena, por lo que solicitó la modificación del cronograma de trabajo para discutir y analizar los temas a profundidad y no votarlos el próximo lunes.

“Estamos hablando de una modificación de la máxima relevancia. Se trata de la Ley Orgánica de la Administración Pública que va a regular la manera en la que el nuevo gobierno va a funcionar y yo lo primero que quiero decir aquí en la Mesa es que no estamos de acuerdo en la forma en la que están abordando el tema en términos generales”, señaló.

Agregó que “no es serio el debatir un tema con esa premura. Estamos hablando de una reforma de alto impacto que va a cambiar la manera de operar del Poder Ejecutivo en nuestro país y esperar que podamos tener un debate con la profundidad que amerita el tema, con estas horas de análisis, me parece que no es adecuado”.

“Bien le haría a este Congreso de la Unión ―continuó el senador― contar con más tiempo para poder analizar de manera seria y puntual y poder hacer las propuestas de modificación a este dictamen”.

Durante la discusión del proyecto de dictamen, la senadora María Guadalupe Murguía Gutiérrez cuestionó las atribuciones que la propuesta de reforma pretende asignar a la Oficina de la Presidencia de la República, así como la eliminación de los requisitos para ocupar las nuevas Delegaciones de Programas Regionales.

Respecto a la Oficina de la Presidencia, criticó que a pesar de ser áreas de apoyo para el presidente, “ya se les asigna verdaderas atribuciones de carácter ejecutivo en esta iniciativa, como son: definir las políticas del Gobierno Digital y conducir, instrumentar y evaluar la política de Comunicación Social”.

Lo anterior, consideró la legisladora, “nos lleva a ciertas contradicciones con las atribuciones de la Secretaría de Gobernación, a la que también se le atribuye elaborar e instrumentar la normatividad aplicable, conducir las relaciones de los medios masivos de comunicación, los tiempos oficiales; es decir, están traslapadas atribuciones. ¿Quién conduce qué?”.

Respecto a las Delegaciones de Programas Regionales, lamentó la eliminación de los requerimientos para ocupar esos cargos. “Se eliminan, sin que exista en la exposición de motivos ninguna razón o explicación, los requisitos que antes había para ocupar el cargo de delegados. Ahora se los quitan a los titulares de las oficinas de representación pero lo que es más grave: tampoco hay requisitos para esta figura que se crea de Delegaciones de Programas para el Desarrollo, que ha sido objeto de tantos comentarios”.

En otra intervención, durante la discusión que continuó por la tarde de este miércoles, la integrante de la Comisión de Gobernación también cuestionó la centralización que se generaría en la Administración Pública con la sustitución de las Oficialías Mayores por las Unidades de Administración y Finanzas, las cuales dependerían de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

“Centralizar no necesariamente es eficiencia”, consideró.