Por: Redacción/

La volatilidad de los precios de los energéticos será letal para el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) en la economía mexicana dependiente de las importaciones de gas, gasolina, diésel, turbosina y otros carburantes durante 2018, que prácticamente han dejado de producirse en las refinerías nacionales, expuso el doctor Roberto Gutiérrez Rodríguez, académico de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

A este ámbito adverso deberá sumarse el proceso electoral que privilegia el gasto corriente y que históricamente implica que en el último año de cada administración sexenal se exacerban las presiones inflacionarias.

En el artículo El círculo vicioso de la inflación, el profesor-investigador del Departamento de Economía de la Unidad Iztapalapa de la Casa abierta al tiempo sostuvo que “si en 2017 la desviación entre la inflación presupuestada y la observada fue de 123 por ciento, en 2018 ésta podría llegar a 150 por ciento”.

La decisión de mantener altas “las importaciones de carburantes y gas natural –de ninguna manera basada en la capacidad instalada de Pemex a la que cada vez se busca achicar más, orillándola a emitir bonos en el exterior a niveles récord durante 2018– sitúa al país en condiciones de vulnerabilidad similares a las de Venezuela”.

Si bien en menor proporción el problema se observa en Brasil, Argentina y Bolivia, economías de la región latinoamericana autosuficientes o casi autosuficientes en materia energética, “es grave que en México este desequilibrio deba asociarse a un designio constitucional que privilegia al mercado frente a la seguridad del sector y a decisiones de política económica en que el destino de los recursos públicos sigue manejándose de manera subrepticia”.

El Coordinador de la Línea Economía Social de la Maestría y Doctorado en Estudios Sociales de la referida sede académica señaló que varios de los principales agentes formadores de precios tenderán a seguir aumentando durante 2018, en vez de retrotraerse, particularmente los energéticos, el costo de la mano de obra, el transporte, la tasa de interés, el tipo de cambio y una serie de productos de consumo básico, empezando por la tortilla.

También deben agregarse los factores de la dependencia de México en los carburantes y el gas natural importados, que se vuelve más lesiva en periodos con muy bajas temperaturas, como la del invierno 2017-2018 y el sobrecalentamiento de la economía mexicana por razones electorales.

A partir de mediados de 2016 las variaciones quincenales de precios consignadas en el INPC empezaron a ser más pronunciadas al alza que a la baja, llegando al extremo de la primera quincena de enero de 2017 en que, debido a la liberalización de los precios de las gasolinas y el diésel, su nivel se ubicó en 1.5 por ciento, el más alto del siglo.

Esta espiral no cede y si no lo hizo durante la segunda mitad de 2017, como pronosticó el gobernador saliente del Banco de México, menos lo hará durante 2018 cuando la autoridad reguladora buscará consolidar la liberalización de precios de los energéticos, no obstante que el mercado internacional de hidrocarburos podría volverse nuevamente de vendedores.

Además se anexa al hecho de que el crudo Brent se ubicó en casi 68 dólares por barril al cierre de la primera semana de 2018, 50 por ciento arriba del nivel observado seis meses antes, y el millón de British Termal Units (BTU) de gas natural en el mercado Henry Hub se estableció el 5 de enero de 2018 en 6.24 dólares, 113 por ciento arriba del nivel que tenía a inicios de junio del año anterior y 69 por ciento más alto al precio observado al cierre de 2017.

El especialista en comercio internacional, mercado laboral y economía de los energéticos recordó que para 2017, como para prácticamente todos los años del siglo XXI, el gobierno federal presupuestó una variación acumulada anual del INPC de tres por ciento, pero año tras año la meta fue ampliamente superada por el mercado, con excepción de 2015.

El punto álgido fue 2017, en que el INPC llegó a 6.7 por ciento, 2.23 veces el valor pronosticado, lo que coincidió con el adelanto anual, a 2017, en la liberalización de los precios de las gasolinas y el diésel, así como con la elevación persistente, iniciada seis meses antes, de los precios del gas y la electricidad para uso industrial y de alto consumo residencial.

Mientras que entre diciembre de 2016 y diciembre de 2017 el rubro de precios que más creció dentro del INPC fue el de derivados del petróleo y el carbón, con 23 por ciento, entre junio y diciembre de 2016 el precio de la generación y transmisión de energía eléctrica había sido el mayor, al aumentar 56.4 por ciento.

En el periodo acumulado que va de junio de 2016 a la primera quincena de diciembre de 2017, la energía eléctrica subió 58.7 por ciento; los energéticos en general, 32.2 por ciento, y los derivados de petróleo y carbón, en que se incluyen las gasolinas y el diésel, casi 26 por ciento.

En igual periodo se registró un alza importante en el precio del gas natural, debido al aumento en el mercado spot Henry Hub del millón de BTU, de 2.32 dólares a inicios de junio, a 3.60 dólares a fines del año. Paralelamente, el tipo de cambio peso/dólar se depreció 11.5 por ciento.

En conjunto, atendiendo a los más recientes ponderadores reportados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía para la determinación del INPC, la energía y los combustibles tienen una incidencia de 12.9 por ciento.

Pero en la práctica su poder es aún mayor, ya que por ejemplo entre 2007 y 2015, cuando la inflación promedio anual de largo plazo se estableció en cuatro por ciento, impulsada por el deslizamiento mensual de los precios de las gasolinas y el diésel, al menos un punto porcentual (25 por ciento de la variación del INPC) se sustentó en los incrementos a los energéticos.

Respecto del periodo junio 2016-primera quincena de diciembre de 2017, y como consecuencia principalmente de los aumentos en los precios de los energéticos, el transporte aumentó 16.5 por ciento y la molienda de granos 10.7 por ciento, ambos superiores a la inflación acumulada (9.8 por ciento).

A partir de un nivel del salario mínimo muy bajo, cuya corrección tenía que hacerse en algún momento, se llevó a cabo un alza real en el periodo de 10 por ciento, no vista desde los años 70 del siglo pasado, la cual se logró a partir de tres aumentos nominales que al acumularse ascendieron a 21 por ciento.

Posiblemente para diciembre de 2018 se dejó pendiente un nuevo incremento, que deberá ser en ese momento de aproximadamente 15 por ciento, con el que dicha figura institucional se equiparará al costo personal de la canasta alimentaria y no alimentaria calculada por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.