Por: Redacción

La diputada de Movimiento Ciudadano, Esthela Damián Peralta, aseguró que no basta con que este lunes 17 de octubre se conmemore un año más del reconocimiento del voto de las mujeres en México, sino que ahora falta sancionar la violencia política hacia este sector de la población y plasmarlo en la Constitución de la Ciudad de México.

Asimismo, hizo un llamado al Senado para destrabar la aprobación ante el Pleno del dictamen de reforma de cinco leyes para combatir la violencia política y garantizar que las mujeres lleguen en las mismas condiciones de competencia y seguridad que los hombres a los espacios de poder en los tres niveles de gobierno.

Aseguró que ya hay un dictamen en la Comisión para la Igualdad de Género a fin de reformar la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General del Instituto Nacional Electoral, la Ley de Medios de Impugnación, la Ley de Delitos Electorales y la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia a fin de incluir la violencia política contra las mujeres en la Constitución, el cual permanece atorado en la Cámara alta en espera de las observaciones del Ejecutivo federal.

Damián Peralta confió que el panorama será diferente en la Asamblea Constituyente y se cuente con el apoyo solidario del total de diputadas y diputados de avanzada que coinciden en este tema.

Remarcó que la violencia política hacia las mujeres es un tema pendiente desde el inicio de la democracia, pues se creía que la política era un campo exclusivo para los hombres.
La dirigente partidista aseguró que son innumerables los casos de candidatos a cargos de elección, legisladores, líderes partidistas y partidos que discriminan a las mujeres al difamarlas, calumniarlas, desprestigiarlas, intimidarlas o amenazarlas, o bien, al burlarse de ellas, obligarlas a renunciar a sus cargos, o evadir las cuotas de género.

Dejó en claro que si bien en 2013 el Senado de la República aprobó por unanimidad con la reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), donde por primera vez se tipificó en México la violencia política de género que se vive al interior de los partidos, campañas electorales, dependencias públicas e incluso en el ámbito legislativo ahora resulta necesario reconocer esta falta como un delito en el Código Penal federal con pena privativa de la libertad.

Consideró alarmante que en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) se tengan registradas denuncias que van desde el congelamiento de salarios a funcionarias en el ámbito estatal y municipal hasta actos de violencia física que se han presentado en los procesos electorales y que de manera “desproporcional” afectan a las presidentas en las mesas directivas de casilla.