Por: Redacción

Los ciudadanos no pueden pagar más el costo de la inseguridad, ni con recursos para blindar sus hogares, ni con la posesión de armas de fuego en sus vehículos o en sus negocios, ya que es obligación del Gobierno garantizar la seguridad en todo el país, afirmó el coordinador de los senadores del Partido Acción Nacional (PAN), Fernando Herrera Ávila.

Al responder a preguntas de periodistas sobre la iniciativa de reformas para permitir la portación de armas en vehículos y negocios, el senador aclaró que se trata de un proyecto personal del senador Jorge Luis Preciado, que no representa una posición del Grupo Parlamentario ni del partido.

Herrera Ávila reconoció el interés y la preocupación del senador Preciado por los elevados índices de violencia y criminalidad registrados en el país, particularmente en su estado, Colima, considerada antes la entidad más segura del país y que en este año ha sido rebasada por una creciente ola de crímenes.

“Compartimos con él, como muchos mexicanos, que la violencia y la inseguridad afecte a casas habitación, a automovilistas y transportistas, con cifras siempre al alza, pero la violencia no puede combatirse con violencia y menos que los ciudadanos sean quienes pongan en riesgo su vida y la de sus familias, llevando armas por todos lados”, afirmó.

Los principios doctrinarios del PAN establecen que la vida y la dignidad humana deben protegerse y respetarse, recordó.

“El uso de las armas no es la opción. Vemos, por ejemplo, que en Estados Unidos, donde la portación y venta de armas es una práctica extendida y cómo esto es causa de atentados de ciudadanos contra ciudadanos, en escuelas, iglesias, centros comerciales y en la vía pública, y cómo las policías ejecutan a personas ante el temor de que éstas se encuentren armadas”, expuso.

El legislador por Aguascalientes señaló que si bien es cierto que la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos regula y permite la posesión de armas en el domicilio, para la seguridad y defensa legítima de sus moradores, también prevé que el Ejecutivo federal, los gobiernos de los estados, de la capital y los ayuntamientos, deben de llevar a cabo campañas educativas permanentes que induzcan a reducir la posesión, la portación y el uso de armas de cualquier tipo.

Asimismo, observó que en torno a la creciente criminalidad y violencia en el país, resulta reveladora la más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), dada a conocer esta semana, la cual arroja que 71.9 por ciento de los ciudadanos se siente cada vez más inseguro en el país.

“Como lo hemos dicho en otras ocasiones, el crimen está pasando factura a la economía de las familias mexicanas, que tienen que gastar recursos propios para proteger sus hogares”, dijo.

Los mexicanos tienen que pagar hasta 215 mil millones de pesos, equivalentes al 1.34 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), por la inseguridad en el país, de acuerdo con datos del INEGI, subrayó.

Los datos estadísticos del Instituto indican que el gasto de los hogares en medidas para protegerse de la delincuencia en 2015 tuvo un incremento de 17.7% respecto del estimado en 2014.

Entre las principales medidas tomadas destacan las siguientes: cambiar o colocar cerraduras y/o candados, cambiar puertas o ventanas y colocar rejas o bardas.
Todos estos registros estadísticos y la cotidianidad en nuestras calles muestran a un Gobierno federal que ha sido rebasado y que ha claudicado ante la criminalidad, aseguró.