• Sin Fronteras e IMUMI indicaron que más de la mitad de las adolescentes y jóvenes  estuvieron detenidas en estaciones migratorias por un periodo de 2 y 90 días, lo que es contrario a las leyes de migración , así como de derechos de niñas, niños y adolescentes en México.

Por: Oscar Nogueda/

En el 2019, personal de Sin Fronteras  y del Instituto para las Mujeres en Migración (IMUMI) realizaron actividades psicolúdicas  a 30 adolescentes y jóvenes migrantes hondureñas que residen en albergues de Tijuana y la Ciudad de México, quienes mencionaron que la violencia por parte de las pandillas y familiar son una de las principales razones para migrar de su país.

El promedio de edad de las mujeres migrantes fue de 14 años de edad y 7 años de escolaridad acumulada. En ese sentido, 22 eran solteras, 7 mantenían una relación, 6 emprendieron el viaje con sus parejas e hijos, mientras que una de ellas viajó solo con su hijo. Asimismo, 13 de las jóvenes son madres y 5 estuvieron embarazadas en algún momento de su estadía en México.

En la investigación “Adolescentes y jóvenes hondureñas en México: una mirada exploratoria sobre sus necesidades y acceso a derechos”, las organizaciones agregaron que más de la mitad de las adolescentes y jóvenes  estuvieron detenidas en estaciones migratorias por un periodo de 2 y 90 días, a pesar de que la Ley de Migración y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes sentencian que los menores de edad no pueden ser detenidos en estos centros de detención.

Las ONGS precisaron que estas mujeres migrantes, en México, no pueden acceder a servicios educativos, a un trabajo digno para proveer los cuidados necesarios a sus familias, a servicios de salud en general.

Sobre la situación del país centroamericano, comentaron que más de 200 mil niñas, niños y adolescentes tuvieron que dejar la escuela ya que en su trayecto entre la casa y la escuela eran acosados por las pandillas locales hondureñas.

“Honduras es un país de ingreso bajo y de jóvenes. Su población es de alrededor de 8 millones de personas, 7 de cada 10 son pobres y 47 por ciento son menores de 20 años de edad. Entre 2014 y 2017, las mujeres encaran una intersección de discriminaciones que aumentan su exclusión. A la violencia familiar, además de física, involucra una distribución desigual de la comida, la salud, la educación y la carga de trabajo del hogar. Mientras que la violencia por parte de las pandillas y grupos criminales se ha caracterizado como feminicida, convirtiéndose en territorio tanto de venganza como de desprecio y pocas veces acceden a la justicia”, apuntaron las ONGS.

Por ello, las asociaciones instaron a las autoridades mexicanas  a difundir las modificaciones de la Ley General de Educación, la cual garantiza y facilita el acceso a la educación para la población que reside en el país sin tomar en cuenta su nacionalidad, estatus migratorio o documentación.

También, subrayaron la necesidad de promover iniciativas de acceso a empleo con  perspectiva de género, de  desarrollar  programas de cuidados para las hijas e hijos de la población migrante y a garantizar el acceso a la salud, específicamente mental, sexual y reproductiva, para adolescentes y jóvenes migrantes.