• La violencia de género, al extenderse al ámbito digital, no sólo no conoce fronteras, sino que facilita y agrava su impacto.

Por: Redacción/

La violencia contra las mujeres es un retroceso a la igualdad, que causa sufrimientos inexpresables y quebranta vidas, fenómeno que se ha incrementado por el confinamiento por la pandemia de Covid-19, refirió Marina San Martín Rebolloso, Comisionada Ciudadana del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México (INFO CDMX).

A invitación de Brenda Ileana Macías de la Cruz, Comisionada del Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes (ITEA), San Martín Rebolloso participó en el Foro virtual “Transparencia en la defensa de los derechos humanos de las mujeres, concretamente el vivir libres de violencia”, organizado con motivo de la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

En su intervención, la Comisionada del INFO CDMX informó que de acuerdo con la Guía ante #Covid19, difundida por la ONU en 2020, 243 millones de mujeres entre los 15 y los 49 años han sufrido violencia física o sexual de su pareja; 137 son asesinadas diariamente por un familiar; menos del 40% de las víctimas buscan ayuda y menos del 10% recurren a la policía. Asimismo, 14 de los 25 países con mayor número de feminicidios están en América Latina y el Caribe.

Puntualizó que la violencia de género, al extenderse al ámbito digital, no sólo no conoce fronteras, sino que facilita y agrava su impacto. Proporcionó algunos datos
del Módulo sobre Ciberacoso 2019 del INEGI, de acuerdo con los cuales son las mujeres quienes más sufren la violencia digital.

Las usuarias de internet de entre 20 y 29 años fueron el sector más afectado, seguidas por aquellas entre los 12 y 19 años; siendo las insinuaciones o propuestas sexuales las incidencias que más las aquejaron.

La Comisionada San Martín destacó que la gravedad y recurrencia de la violencia digital ha motivado la lucha de activistas e instituciones para promover instrumentos jurídicos y políticas públicas que garanticen a las víctimas el acceso a la justicia, como es el caso de la denominada Ley Olimpia, que refiere a un conjunto de reformas legislativas para frenar a la ciberviolencia.

Por su parte, la Comisionada Macías de la Cruz comentó la importancia que tiene el derecho de acceso a la información como una herramienta para conocer las diferentes políticas públicas que existen para tratar de detener la violencia de género.

Reconoció que, en su estado, Aguascalientes, la mayoría de las solicitudes información siguen siendo generadas por los hombres, sin embargo, cada vez las mujeres se empiezan a interesar por temas relacionados con la atención a la salud, becas escolares y apoyos sobre programas sociales, entre otros.

Como organizadora del Foro, recordó que este ejercicio se suma a la serie de artículos elaboradas por distintas comisionadas de los órganos garantes del país que se publican semanalmente en el diario La Jornada de Aguascalientes; adelantó que, en marzo próximo, con motivo del Día Internacional de la Mujer, se realizará otro ejercicio de intercambio de ideas y experiencias sobre el tema de la igualdad de género.

Por su parte, Cynthia Cantero Pacheco, Comisionada Presidenta del Instituto de Transparencia del Estado de Jalisco, reconoció que el 2019 marcó un avance en el reconocimiento para las mujeres, al concretarse la reforma a la Constitución federal que asegura que la mitad de los cargos públicos deben ser ocupados por mujeres; un logro histórico y sin precedentes, consideró.

Sin embargo, reconoció que este logro por sí solo no es suficiente, por lo que debe existir el compromiso de velar por un ejercicio del poder con perspectiva de género que elimine todas las barreras y obstáculos para lograr una participación igualitaria con los hombres.

Refirió que el reto más grande a enfrentar es el de capacitar a toda persona servidora pública sobre las acciones y conductas que vulneren y generen violencia contra las mujeres y, con ello, evitar este tipo de conductas; de ahí que los organismos garantes no deben ser ajenos a la atención de esta problemática.

En tanto que Laura Carcaño Ruiz, Comisionada del Instituto de Transparencia de Puebla, dijo que la transparencia es una herramienta importante para conocer la situación de las mujeres y saber cómo abordar el tema de la violencia, así como realizar las acciones necesarias para mejorar sus condiciones en cualquier ámbito de la vida, ya sea pública o privada.

Puntualizó que debido a la pandemia que se vive las mujeres han tenido que seguir trabajando en las labores domésticas y estar conectadas para el trabajo, lo que en el caso de los hombres no sucede así; desafortunadamente en muchos casos sólo a ellas se les asignan las labores del hogar y sin ningún tipo de reconocimiento.

En su intervención, Zulema Martínez Sánchez, Comisionada Presidenta del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, aseguró que se trabaja porque exista paridad en la elección de comisionados y comisionadas de los órganos de transparencia. De los 33 órganos del país, 12 son presididos por una mujer, en tanto que el 44% de sus integrantes son mujeres.

Comentó que, de acuerdo con estadísticas del SNT, el derecho de acceso a la información pública es mayormente ejercido por mujeres, quienes cada vez se involucran más en el quehacer de sus gobiernos estatal y municipales, por lo que, a través de este derecho, las mexiquenses pueden tomar mejores decisiones de vida.

Para Naldy Rodríguez Lagunes, Comisionada del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, la violencia en las plataformas digitales ha tenido un crecimiento exponencial en los últimos años debido al uso de las tecnologías de la información y comunicación. Estas son herramientas que han empoderados a diversos sectores sociales, pero también han incrementado la violencia digital, sobre todo contras niñas y mujeres.

Celebró que la Ley Olimpia se encuentre vigente en 26 estados del país, al reformar sus respectivos Códigos Penales. Esta ley -recordó- sanciona a quien exponga, reproduzca, transmita, comercialice, ofrezca, intercambie o comparta imágenes, audios o videos de contenido sexual o íntimo de una persona sin su consentimiento.

Esta legislación representa un avance para tratar de detener la violencia digital en contra de las mujeres, sin embargo, aún faltan algunas disposiciones reglamentarias para sancionar e inhibir que ocurran este tipo de delitos, lo que tiene que ir acompañado del impulso de buenas prácticas en las redes sociales.

Sobre el tema, Dora Ivonne Rosales Sotelo, Comisionada Presidenta del Instituto Morelense de Transparencia, afirmó que la violencia digital afecta aspectos emocionales de la mujer que es violentada y, por lo tanto, vulnera sus datos personales.

“Los daños que se provocan pueden afectar seriamente la vida privada y pública de las víctimas; pueden causar un daño psicológico, económico, moral y hasta sexual tanto a la víctima como a sus familiares”, añadió.

La Comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Blanca Lilia Ibarra Cadena, reconoció que el derecho de acceso a la información permite conocer y genera conciencia sobre la gravedad de la violencia contra las mujeres, e impulsa peticiones individuales y colectivas de rendición de cuentas.

Afirmó que, entre las causas de esta violencia, se encuentran la discriminación y las normas sociales y estereotipos que la perpetúan. “la mejor manera de contrarrestarla es prevenirla, tratando sus orígenes y causas estructurales, a partir de información confiable y oportuna”.

Finalmente, Bibiana Peralta Hernández, ex Comisionada Ciudadana del INFO CDMX, se pronunció por seguir impulsando cambios en favor de la inclusión de las mujeres, toda vez que la violencia ha trascendido del espacio físico al espacio digital.

En este esquema híbrido de violencia, dijo, es necesario revisar las conductas y patrones del ciberespacio para poder implementar la normativa adecuada para frenar esa violencia; “hay que revisar el cumplimiento normativo para tratar de evitar estas conductas que atentan contra la igualdad de género, de la mano de quienes hacen los cambios tecnológicos, pero también de los medios de comunicación y la publicidad”.