Por: Redacción/

“La violencia contra las mujeres y las niñas es una pandemia mundial, así como un agravio moral para todas ellas, un motivo de vergüenza para todas nuestras sociedades y un obstáculo importante para el desarrollo inclusivo, equitativo y sostenible. En esencia, es síntoma de una profunda falta de respeto, de que los hombres no reconocemos la igualdad y la dignidad inherentes a las mujeres”, aseguró el Secretario General en su mensaje oficial para el Día.

António Guterres aseguró que la violencia contra las mujeres no sólo perjudica a las víctimas, sino que también afecta a las familias y a la sociedad, y tiene una dimensión política importante, dado que está relacionada con el poder y control en nuestras sociedades.

“Vivimos en un mundo dominado por los hombres, y la vulnerabilidad de las mujeres a la violencia se debe a las múltiples formas en que las mantenemos en situación de desigualdad”, expresó.

La relatora especial de la ONU sobre la violencia contra la mujer y otros expertos en derechos humanos se hicieron eco a las palabras del Secretario, y pidieron a todos los Estados que pongan fin a feminicidio y toda violencia de género.

“Los datos tanto de los Estados como de las Naciones Unidas muestran que el 80 por ciento de las víctimas de todos los asesinatos que se producen en las parejas son mujeres”, se lee en un comunicado difundido por la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.

Los expertos aseguran que si bien los movimientos #MeToo y #NiUnaMenos han roto el silencio y demostrado que la violencia contra las mujeres, las niñas y las adolescentes está sucediendo en nuestras comunidades, no han sido seguidos de las reformas adecuadas de las leyes y las políticas, ni han producido los resultados necesarios y cambios en la vida cotidiana de las mujeres.

“La violencia de género, incluida sus nuevas formas, entre ellas, la que se producen digitalmente, sigue sin ser castigada en todo el mundo. Como tales, los Estados deben cumplir con sus obligaciones internacionales y regionales en términos de su debida diligencia para investigar, identificar a los responsables y responsabilizarlos”, declararon, pidiendo también una mayor cooperación entre los mecanismos regionales e internacionales independientes.

Los expertos recalcaron que la distribución no consensual de contenido íntimo, una práctica conocida como “venganza porno”, ya se ha utilizado como método de intimidación contra mujeres defensoras de derechos humanos, políticas, periodistas, blogueras, mueres jóvenes, pertenecientes a minorías étnicas, indígenas, afrodescendientes, LBTIQ, con discapacidades y otras mujeres de grupos marginados.

“Los intermediarios de internet (como Facebook, Google, Twitter, Instagram y otros), así como los Estados, comparten la responsabilidad conjunta de prevenir y abordar esa violencia cibernética contra las mujeres”, dijeron.

Discriminadas al querer participar
Los relatores y otros expertos resaltaron además que su exclusión en la toma de decisiones políticas y el liderazgo social ayuda a alimentar la miríada de otras violaciones a los derechos humanos que las mujeres enfrentan a diario, incluidos los actos de discriminación en el ámbito laboral, educacional, marital. También existe marginación en el derecho a la propiedad, la denegación de servicios y los derechos sexuales y reproductivos, incluido el aborto seguro y legal.

“Las prácticas nocivas como las desapariciones, la trata de personas con fines sexuales, la mutilación genital femenina, el matrimonio infantil y forzado y el secuestro de novias son todas formas de violencia de género que se ven agravadas por los estereotipos discriminatorios de género que impiden que las mujeres ejerzan su plena autonomía y disfruten de su dignidad como seres humanos”, dijeron.

Además, a medida que más mujeres participan en la política, todos los mecanismos internacionales y regionales han recibido información sobre diversas manifestaciones de violencia contra ellas, desde el acoso a través de las redes sociales a la cobertura sexista de los medios de comunicación, que en algunos casos llega hasta el femicidio en el ámbito local.

El desarrollo de herramientas concretas para identificar y abordar estas formas emergentes y crecientes de violencia contra las mujeres que ejercen sus derechos políticos es un componente crucial de la protección de la gobernabilidad democrática.

“Cuando los gobiernos nacionales no toman medidas para prevenir la violencia sexual y el acoso o no garantizan que los perpetradores sean responsables, los mecanismos internacionales y regionales deben estar dispuestos a exigirles cuentas”, añaden.

Este año, la campaña mundial de las Naciones Unidas ÚNETE, cuyo objetivo es poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas, destaca el apoyo de la organización a las víctimas y activistas con el tema “Pinta el mundo de naranja: #EscúchameTambién”.

El naranja es el color de la solidaridad en todas las actividades de esta campaña y la etiqueta #EscúchameTambién pretende enviar un mensaje claro: que se debe poner fin de inmediato a la violencia contra las mujeres y las niñas y que todas las personas tenemos que implicarnos para lograrlo.