Por: Oscar Nogueda/
Aquel primero diciembre del 2018, día en que Andrés Manuel López Obrador tomó protesta como Presidente de México y en su primer discurso expresó que “se respetará la libertad de expresión; nunca el gobierno aplicará censura a ningún periodista o medio de comunicación”.
A un año de su administración, Article 19 Organización Internacional que promueve y defiende la libertad y expresión así como el acceso a la información, manifestó que el cambio propuesto por el presidente López Obrador no presenta un rumbo claro, mientras que la violencia contra la prensa mantiene una tendencia a la alza.
El informe de Article 19 “Disonancia: Voces en Disputa” muestra estadísticas sobre el aumento de la violencia contra los comunicadores en el primer año de AMLO.
Fuente: Article 19
Igualmente, la Fiscalía Especializada en la Atención de los Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), en su Informe Estadístico del mes de mayo del presente año demuestra un incremento en estas agresiones, pero sus cifras distan de lo reportado por la organización civil.
La organización internacional registró 10 periodistas que fueron asesinados con relación a su labor en el 2019, sin embargo, el informe anual 2019 de la relatoría especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) indicó que 11 periodistas fueron asesinados con relación a su ejercicio.
Fuente: Article 19
Contario a lo reportado por la prensa y organizaciones civiles e internacionales , la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) no reportó ningún asesinato de periodistas el año pasado, no obstante, la solicitud de información 401500000520 dirigida a la Secretaría de Gobernación, informó que ocurrieron dos homicidios de comunicadores pertenecientes al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en el 2019.
Fuente: Informe Estadístico FEADLE
De acuerdo con el informe de Article 19 en el 2019 las agresiones contra los periodistas aumentaron un 11.95 por ciento respecto al año pasado. Ante esta situación, cada 15 horas se agredió a un periodista en México durante el primer año de AMLO.
Article 19 documentó que, de las 609 agresiones registradas, 166 fueron intimidaciones y hostigamientos, 144 amenazas, el tercer lugar lo ocupa los ataques físicos con 62 incidentes, las remociones de contenidos se dieron en 60 situaciones y el uso ilegitimo del poder ascendió a 46 casos. En ese sentido, destaca el aumento del 220 por ciento en los casos de hostigamiento o intimidación. Además, los ataques físicos se cuadriplicaron el año pasado.
En el 2019, la Ciudad de México se convirtió en el epicentro de la violencia contra los representantes de medios de comunicación con 84 casos, le sigue Quintana Roo con 54, Guerrero con 51, Puebla con 34, Oaxaca y Veracruz con 33 ataques cada uno. Cabe destacar el 15% de las agresiones que sucedieron en la capital del país fueron contra reporteros que cubrían la fuente presidencial.
Fotografía: AMLO ORG
Las autoridades ministeriales recabaron un total de 104 delitos contra periodistas en el mismo periodo, de los cuales 65 fueron amenazas, 8 lesiones y abusos de autoridad, 6 robos y 4 casos de privación de la libertad. Las principales entidades con investigaciones contra periodistas, en los últimos 10 años, fueron la Ciudad de México con 207, Veracruz con 124, Estado de México con 89, Guerrero 79 y Quintana Roo con 78 carpetas de investigación.
El informe de Article 19 detalló que los funcionarios públicos siguen siendo los principales agresores a la prensa con 265 agresiones, le siguen las agresiones ocasionadas por personas que no se conoce su identidad en 151 incidentes, se obtuvo un aumento del 30.17 por ciento. Posteriormente, se encuentran los particulares con 131, un incremento del 55. 95 por ciento respecto al 2018.El cuarto lugar de agresores contra la prensa se encuentra el crimen organizado con 49 casos y, por último, los miembros de partidos políticos con 13 agresiones.
Las estadísticas del estudio dieron a conocer que los más afectados por este tipo de violencia fueron los reporteros con 241 casos, después se encuentran los directores generales de los medios con 127, medios de comunicación en general con 70 incidentes, periodistas freelance con 34 y los corresponsales con 23 agresiones el año pasado.
Debido a esta situación, Article 19 externó que existen fuentes informativas más riesgosas que otras, tal es el caso de la fuente de corrupción y política que concentra 339 casos totales, después se encuentra la cobertura de seguridad y justicia con 133, movimientos sociales con 62, temas de derechos humanos con 51 y 17 agresiones contra personas que cubrían el sector privado.
“El incremento en el número de agresiones contra quienes cubren la fuente de protesta y movimientos sociales, obedece a la apropiación del espacio cívico como plataforma para la exigencia de otros derechos y a la apuesta del gobierno federal en pro del desarrollo de megaproyectos que generan resistencia social”, puntualizó Article 19.
Actualmente, la Fiscalía Especializada ha reportado 33 amenazas contra periodistas, 4 incidentes de lesiones, 3 de abuso de autoridad y 2 daños a propiedad ajena. En el 2020, la institución no ha registrado ningún asesinato contra representantes de medios de comunicación, en cambio la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha contabilizado seis homicidios de comunicadores.
La doble violencia contra mujeres periodistas
En los últimos años, la participación de las mujeres se ha vuelto más visible y accesible en la labor periodística, así como en el espacio digital. A pesar de ello, Article 19 contabilizó 167 casos de violencia contra mujeres periodistas en el 2019, esto significa tres casos más que en el 2018.
Los principales ataques fueron las intimidaciones y hostigamientos con 72 reportes, en segundo lugar se encuentran las amenazas con 34, los bloqueos de información con 16, los ataques físicos con 14 y la intervención ilegal de comunicaciones con 7 sucesos.
Fuente: Article 19
Los autores de estas agresiones fueron funcionarios públicos en 70 ocasiones. En segundo lugar, están los particulares y agresores no identificados con 44 cada uno, el crimen organizado fue el agresor en 8 incidentes y en una ocasión los partidos políticos.
La capital del país se mantiene como un lugar peligroso para las comunicadoras, le sigue Coahuila, Morelos, San Luis Potosí y Guanajuato. Estas cinco entidades concentran el 43.54 por ciento de las agresiones contra mujeres que ejercen el periodismo.
“’Hoy en día, las mujeres sufren acoso, hostigamiento y amenazas sistemáticas si manifiestan su opinión o transgreden discursos machistas mediante la tecnología o las posibilidades de los entornos digitales. Las periodistas y las mujeres que desde un rol ciudadano comunican temas de interés público suelen tener percepciones de incomodidad e inseguridad cuando realizan sus labores, tanto en el ámbito físico como en el digital. En muchos de los casos, estos ataques tienen un efecto negativo en su vida familiar, personal e íntima”, resaltó Article 19.
De acuerdo con la FEADLE, en el año en curso existen 45 investigaciones judiciales que contemplan a las mujeres como víctimas directas con un registró total de 51 víctimas femeninas. Las principales agresiones que recabó la dependencia pública fueron las amenazas con 22 expedientes, privación de la libertad con 5, abuso de autoridad con 4, homicidio con 2 y allanamiento de morada con 2 casos.
Los estados donde se cometen más delitos contra comunicadoras son la Ciudad de México, Veracruz, Quintana Roo, Michoacán y Guerrero. El informe mensual de la Fiscalía establece “cabe señalar que los delitos exclusivamente en contra de las mujeres que ejercen la libertad de expresión, solo se presenta en 14 estados, dentro de los expedientes en trámite de la FEADLE”.
Fuente: Indicadores de Delitos contra la Libertad de Expresión, con Perspectiva de Género
Estas demarcaciones son Sonora, Chihuahua, Durango, Aguascalientes, Estado de México, Michoacán, Ciudad de México, Guerrero, Morelos, Tlaxcala, Veracruz, Tabasco, Campeche y Quintana Roo.
“A pesar de las denuncias de las diversas violencias a las que se enfrentan las mujeres periodistas y comunicadoras, las respuestas desde el sector público suelen adoptar enfoques que buscan culpabilizarlas o estigmatizar sus comportamientos. Desestiman la gravedad de los ataques al mismo tiempo que practican esquemas revictimizantes. No existe información ni datos desagregados que permitan identificar las intenciones e impactos diferenciados que ellas experimentan ni los efectos en su derecho a buscar, recibir y difundir información”, resaltó Article 19.
La organización defensora de la libertad de expresión detalló que es fundamental contar con datos sobre los patrones, motivaciones, esquemas de operaciones e impactos de las agresiones que sufren las mujeres que ejercen el periodismo. Por ello, sostuvo que es necesario contar con políticas públicas que dispone la tendencia d culpar a las mujeres por las agresiones.
Procuración de Justicia desalentadora en crímenes contra periodistas
Article 19 apuntó que la Fiscalía logró 14 sentencias de mil 614 investigaciones en proceso durante el 2010 a diciembre del 2019. Esto significa que el nivel de impunidad para estos delitos se ubica en un 99.13 por ciento. Para la Relatoría de la CIDH, esta cifra muestra que la falta de consecuencias legales ante una agresión a periodistas provoca la repetición de los hechos y fomenta un clima de intimidación.
El reporte de actividades de la FEADLE correspondiente a mayo del 2020, indica que, en 10 años, 2010-mayo del 2020, se iniciaron mil 296 indagatorias por delitos contra la prensa, sin embargo, solo hay 18 sentencias. Hasta el momento, solo existen tres sentencias por homicidios de periodistas y tres condenas por delitos contra mujeres periodistas.
Aunado a ello, la Fiscalía contempla unas mil 571 víctimas por el total de indagatorias en dicho periodo. Las víctimas masculinas son mil 214, las mujeres son 304 y los atentados contra instalaciones de medios de comunicación son 53. A pesar de ello, se contabilizaron que 226 asuntos involucran exclusivamente a víctimas directas mujeres.
Durante el primer año de Gobierno de AMLO, aumentaron las carpetas de investigación por delitos hacia la prensa con un aumento del 20.93 por ciento respecto al 2018. En el presente año, se iniciaron 47 investigaciones por agresiones a la prensa, mientras que se encuentran en trámite 157 expedientes y 45 de estos son por ilícitos contra mujeres periodistas y tres expedientes por amenazas incluyen violencia de género. Desde la creación de la FEADLE, se ejercieron acciones penales en 207 casos, de los cuales 38 involucran directamente a víctimas mujeres.
Fotografía: Roberto Barco Celis
Article 19 apuntó que “la Fiscalía está reproduciendo algunas de las peores prácticas en la investigación de crímenes, como son la ausencia de planes de trabajo idóneos, retardar diligencias sin justificación alguna y dar un trato revictimizante̩ a quienes han sufrido delitos”.
También determinó que la FEADLE tiene pendientes elementos necesarios en las investigaciones, tales como planes de investigaciones construidos con la participación de las víctimas, líneas de investigaciones que contemplen la labor periodística, asimismo no se cuenta con información precisa sobre la aplicación correcta del Protocolo Homologado de Investigación de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión.
En los últimos tres años, la FEADLE ha tenido una reducción de su presupuesto total. En el 2018, se entrego 17 millones 989 mil 800 pesos a la institución, en el 2019 contó con 12 millones 889 mil 904 pesos y en el año en curso cuenta con 14 millones 491 mil 400 pesos.
Hasta la fecha de la publicación del informe anual de Article 19 no había una publicación del Plan de Persecución Penal de la FGR, por lo que la organización manifestó su preocupación por el “secretismo” en el Plan de Persecución Penal, la ausencia de la participación ciudadana en la creación de este y la imposibilidad de conocer si existe un subejercicio de los casos de violencia contra periodista en la administración de Alejandro Gertz Manero.
El pasado 27 de febrero, la FGR publicó el documento Plan de Persecución Penal (Provisional). En el plan, reconoció que la dependencia pública cuenta con recursos limitados y sostuvo que diagnosticaron, principalmente, dos problemas en su funcionamiento: la falta de planeación, priorización y coordinación en la persecución penal, así como la incomprensión de la dinámica actual del crimen.
Sobre la priorización de los delitos, la FGR apuntó que “El proceso de priorización no implica que unos asuntos tengan más importancia que otros, sino que con los recursos disponibles se da respuesta a los casos complejos y de impacto social con toda la fuerza institucional que requieren y aquellos en donde lo mejor sea una solución alterna encuentren un modelo de gestión ágil y oportuno”.
Los principales ejes delictivos de este plan son la corrupción, las conductas delictivas que atentan contra el patrimonio nacional (hidrocarburos), los ilícitos económicos y financieros, los que atentan contra los derechos humanos y los delitos contra la privación de las personas.
El rubro de los ilícitos contra los derechos humanos contiene la trata de personas, delitos contra migrantes, delitos contra activistas y periodistas, tortura y desaparición forzada. Esta clasificación deja a estos hechos en el cuarto lugar de la matriz de priorización de la FGR.
Por su parte, el Colectivo Fiscalía Que Sirva se pronunció en contra del plan y subrayó que “por su ilegalidad”, el plan de persecución penal no sea admitido por la Comisión de Justicia del Senado. Aunado a ello, expusieron que viola tres disposiciones centrales del artículo 6 de la Ley Orgánica de la revictimizantes, ya que no hay elaboración con la participación ciudadana, previa publicación de una metodología ni una consulta al Consejo Ciudadano de la Fiscalía.
“Viola tres disposiciones centrales del artículo 6 de la Ley Orgánica de la FGR, es decir, la elaboración junto con la participación de la ciudadanía y previa publicación de una metodología, y la consulta al Consejo Ciudadano de la propia fiscalía”, agregó el Colectivo.
Ante la propuesta de incorporar nuevamente el delito de difamación, Article 19 apuntó que estas propuestas podrían ser regresivas en materia de procuración de justicia, además de buscar una criminalización de la libertad de expresión.
Por último, la organización internacional instruyó al Presidente López Obrador a reconstruir los mecanismos de protección de comunicadores, sentar las bases para que la Fiscalía reduzca el índice de impunidad y ofrecer garantías para la independencia y pluralismo mediático.
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