Por: Redacción/

Al inaugurar el Parlamento Abierto en materia de subcontratación, la presidenta de la Mesa Directiva, Mónica Fernández Balboa, dijo que a través de estos diálogos el Senado reafirma su compromiso de escuchar todas las voces e inquietudes, a efecto de conciliar los intereses que convergen en las relaciones obrero-patronales.

Expresó que el también llamado outsourcing, es una materia compleja, que requiere de una regulación moderna, que tome los derechos de las personas contratadas bajo este régimen y las necesidades de las empresas.

Señaló que dicha figura laboral fue afectada por la corrupción y aprovechada para la simulación, la defraudación fiscal y la violación sistemática de los derechos laborales en México.

La senadora refirió que según datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, cinco millones de trabajadoras y trabajadores en México están subcontratados bajo esquemas que no les garantizan plenamente los derechos laborales previstos por la ley, como la salud, vivienda y ahorro para el retiro.

En este sentido, señaló que la subcontratación ilegal le cuesta al fisco alrededor de 500 mil millones de pesos cada año, la mayoría de estos recursos por concepto de evasión de Impuesto Sobre la Renta.

Expresó, es necesario que el siguiente paso en la legislación debe darse de manera conjunta entre el Estado, las empresas y los sindicatos, “para que el único interés afectado por la nueva legislación sea el de las empresas ilegales que obtienen ganancias millonarias a costa del erario y los derechos de las y los trabajadores de este país”.

“Queremos que nos compartan sus preocupaciones para llegar a una redacción que garantice el ejercicio de los derechos laborales en el país, sin afectar las libertades económicas y el correcto funcionamiento de las empresas”, puntualizó.

En tanto, el presidente de la Comisión del Trabajo y Previsión Social, Napoleón Gómez Urrutia dijo que es indispensable revisar a fondo la subcontratación en México, para mejorarlo y eliminar el outsourcing ilegal, que tanto daño le provoca a las personas trabajadoras en el país.

Destacó que en la práctica, un sin número de empresas, la convirtió en un medio de explotación laboral para las personas trabajadoras, violentado sus derechos laborales y de seguridad social e incumpliendo con sus obligaciones fiscales, obteniendo ganancias multimillonarias.

Hoy iniciamos con un Parlamento Abierto, para analizar el dictamen aprobado por las comisiones del Trabajo y Previsión Social y de Estudios Legislativos, Segunda y así construir los insumos pertinentes que sirvan de base para fortalecerlo, mejorarlo y con ello generar una legislación que implique robustecer dicha actividad de manera correcta, ética y legal.

La secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján dijo que se debe construir una nueva legislación que elimine toda posibilidad de defraudar a los trabajadores, al fisco y a los institutos de seguridad en el país.

Advirtió que existe una subcontratación que se utiliza para abaratar la mano de obra de los trabajadores, no cumplir con responsabilidades laborales y no pagar reparto de utilidades. Por ello, en la nueva legislación “debe quedar claro lo que se vale y aquello que no se vale simplemente no debe tener cabida, así como sancionarse con todo el peso de la ley”.

La directora de la oficina para México y Cuba de la Organización Internacional del Trabajo, Geraldina González Marroquín, indicó que para dicho organismo es fundamental que los temas del mundo del trabajo se discutan ampliamente y se realice un verdadero diálogo social antes de tomar decisiones.

En este sentido, hizo un llamado al Legislativo para realizar un análisis profundo de en dónde se encuentran los problemas, es decir, pensar si es necesario más legislación o si el obstáculo se encuentra en la aplicación e interpretación de la ley. “La solución no es necesariamente más legislación”, enfatizó.

Al respecto, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, señaló que el “outsourcing malo” afecta las prestaciones de los trabajadores y su relación con el seguro social, alejando a estos de los servicios necesarios para su bienestar. “Esa discontinuidad los está matando, no es sólo un asunto económico”, sentenció.

Reveló que también es un problema para las instituciones de seguridad social, quienes reciben menos ingresos, entorpeciendo el desarrollo de infraestructura, reduciendo la contratación de personal y ofrecer mejores servicios de salud. Los 21 mil millones de pesos anuales de evasión vía outsourcing significarían para el IMSS lo equivalente a 14 hospitales de segundo nivel y 210 clínicas de primer nivel, detalló.

Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, subrayó que un gobierno que se jacta de ser garantista de los derechos de los trabajadores no puede mantener una política de outsourcing ilegal tolerada desde las autoridades.

Indico que, desde la óptica del combate a la corrupción, la subcontratación ilegal no es una “práctica químicamente pura”, es decir, se desarrolla en relación con otros fenómenos como la generación de empresas fantasma y las facturas falsas. “Es necesario crear una política nacional que tenga como medida central la protección efectiva de los derechos de los trabajadores”, puntualizó.

Durante el evento se llevarán a cabo mesas de trabajo para analizar el régimen de responsabilidades y sanciones en materia de subcontratación; la especialización y temporalidad; supervisión y certificación efectiva; el derecho a la libre sindicación y a la participación de las personas trabajadoras en las utilidades.