Por: Redacción

En ocasión del noveno aniversario de la entrada en vigor de la Convención sobre Protección de las Personas con Discapacidad, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) ratifica su compromiso de proteger los derechos laborales de este sector de la población, así como facilitarles su integración a una actividad productiva y formal, en beneficio de ellos y sus familias.

Con el propósito de generar condiciones que permitan efectivamente a las personas con discapacidad incorporarse a una actividad productiva de manera digna y segura, el 19 de septiembre de 2016 entró en vigor la primera norma de carácter integral que busca garantizar la inclusión laboral de este grupo.

La Norma Oficial Mexicana NOM-034, elaborada por la STPS, establece las condiciones de seguridad para proteger la integridad física y la salud, así como el acceso y desarrollo de actividades de las personas con algún tipo de discapacidad en los centros de trabajo.

La Secretaría del Trabajo cuenta, asimismo, con el Distintivo Empresa Incluyente “Gilberto Rincón Gallardo”, que es una estrategia para reconocer a las empresas que incluyen laboralmente a personas en situación de vulnerabilidad y desarrollan acciones para promover la igualdad de oportunidades y la no discriminación.

Mediante las estrategias Abriendo Espacios, el Servicio Nacional de Empleo (SNE) oferta puestos de trabajo, dirigidos específicamente a atender a este sector vulnerable.

Además, el SNE tiene a su cargo los equipos especializados Valpar, instalados en 27 estados de País, que evalúan de manera rápida y efectiva las habilidades, destrezas, potencialidades y limitaciones de las personas, y que facilitan su inserción en el mercado laboral.

Cabe señalar que, a través de la Red Nacional de Vinculación Laboral, la STPS ofrece una cadena de servicios a las personas de grupos prioritarios respecto a diferentes áreas de la inclusión laboral: consejería; evaluación de habilidades y aptitudes laborales; análisis de puestos; rehabilitación laboral; capacitación en y para el trabajo; creación de entornos favorables a la inclusión y promoción de centros de trabajo libres de discriminación y violencia; así como fomento al autoempleo.

En la Convención sobre Protección de las Personas con Discapacidad, que entró en vigor el 3 de mayo de 2008, se esbozan los derechos civiles, culturales, políticos, sociales y económicos de estos individuos.

En ella, los Estados Miembros convienen en promover, proteger y garantizar el disfrute pleno y equitativo de los derechos humanos y las libertades fundamentales por ese sector de la sociedad, y el respeto sistemático de su dignidad inherente.