• Esta verificación aleatoria se realizará anualmente, y en ella se incluirán todas las declaraciones patrimoniales y de intereses que se hayan presentado en el sistema DeclaraNet.

Por: Redacción/

La Secretaría de la Función Pública (SFP) informó que inició la implementación de una nueva metodología para realizar la verificación aleatoria de las declaraciones de situación patrimonial y de intereses de las personas servidoras públicas federales.

El artículo 108 constitucional, en su último párrafo, obliga a todas y todos los servidores públicos a presentar su declaración patrimonial y de intereses bajo protesta de decir verdad, mientras que el artículo 30 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA) establece que la SFP y a los Órganos Internos de Control, según sea el caso, deben realizar una verificación aleatoria de dichas declaraciones.

Una vez concluido el plazo para cumplir con dicha obligación constitucional, de un universo de más de 1 millón 480 mil personas servidoras públicas que presentaron declaraciones de situación patrimonial y de intereses correspondientes a 2020 y 2021 en el sistema DeclaraNet de la SFP, se obtuvo una muestra estadísticamente representativa de 769 personas, lo cual brinda un nivel de confianza de 95% y un margen de error de 5%, parámetros convencionales en la investigación científica.

La representatividad de la muestra no guarda una relación con su proporción respecto del tamaño del conjunto a analizar, debido a que dicha cualidad se sustenta en los criterios estadísticos sobre el nivel de precisión y confianza que se desea lograr.

Para garantizar la objetividad en la selección se llevó a cabo un procedimiento automatizado que, de manera aleatoria, y observando las disposiciones en materia de datos personales, respetó en todo momento la confidencialidad de las personas servidoras públicas que fueron objeto de la revisión.

De la selección aleatoria se obtuvieron dos listados: uno de 385 para las personas servidoras públicas de nivel Operativo, Enlace u homólogo, que declaran con el formato simplificado, y otro de 384, de niveles de Jefe de Departamento y niveles de cargo superiores y sus similares, que lo hacen con el formato completo conforme a las normas e instructivo de llenado publicados por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción.

Esta verificación aleatoria se realizará anualmente, y en ella se incluirán todas las declaraciones patrimoniales y de intereses que se hayan presentado en el sistema DeclaraNet.

Las tareas de verificación se efectuarán con respeto al debido proceso y con el sigilo que mandata la normativa aplicable. De acuerdo con la LGRA, de no existir ninguna anomalía en la declaración de los servidores públicos seleccionados, se expedirá la certificación correspondiente. En caso contrario, se iniciará la investigación debida.

Para verificar la transparencia con la que se realizó el proceso, al evento acudieron representantes de la Subsecretaría de Responsabilidades y Combate a la Impunidad; de la Coordinación General de Órganos de Vigilancia y Control; del Órgano Interno de Control; de las unidades de Denuncias e Investigaciones, de Control y Evaluación de la Gestión Pública y de Responsabilidades Administrativas, Contrataciones y Sanciones; y de las direcciones generales de Denuncias e Investigaciones, de Investigación Forense y de Tecnologías de la Información.

La revisión aleatoria de las declaraciones patrimoniales y de intereses se suma a las tareas de verificación patrimonial que, en el ejercicio de sus facultades y funciones, realizan las autoridades investigadoras respecto de las personas servidoras públicas en la APF y empresas productivas del Estado, cuando se detectan posibles inconsistencias en su patrimonio, lo cual se realiza con respeto al debido proceso y con la cautela que mandata la normativa aplicable.

De manera adicional, se tiene considerado ejecutar acciones de verificación patrimonial en los casos de aquellas personas servidoras públicas que no hayan presentado su declaración, con independencia de la instrumentación de los procedimientos motivados por la falta de cumplimiento de dicha obligación.