Por: Oswaldo Rojas

El Frente Indígena y Campesino de México (FICAM) advirtió hoy que la Secretaría de Gobernación, dirigida por Miguel Ángel Osorio Chong, podría permanecer  sitiada más de 30 días de no atender tres demandas: la liberación de 14 presos políticos por defensa del medio ambiente, atención a 150 conflictos generados por megaproyectos mineros e hidroeléctricos en el país y una Ley de Consulta Libre e Informada a los Pueblos Indígenas.

Francisco Jiménez Pablo, miembro activo del FICAM y dirigente de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala Movimiento Nacional que el movimiento está pensadora 33 días y son más de 800 campesinos e indígenas los tomarán las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación a partir del 28 de marzo mientras arriban los contingentes vía Caravana-Caminata de los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Morelos e Hidalgo.

Sostuvo que las demandas ya han sido expuestas desde el inicio de esta administración federal sin ninguna respuesta por ninguna vía.

Entonces, dijo, las demandas son claras pero no así la voluntad de respuesta gubernamental ya que el FICAM se moviliza por una causa justa al existir 150 megaproyectos, entre hidroeléctricos y mineros, que están generando conflictividad en zonas rurales del país como es Puebla, Morelos, Oaxaca y Veracruz, donde el Ejército Mexicano ya participa pero reprimiendo a los indígenas y apoyando a la iniciativa privada.

Explicó que esa es la razón de que el sector empresarial de la Ciudad de México stigmatice las movilizaciones por argumentar quebrantos en la economía local. El FICAM denunció que el Consejo Coordinador Empresarial que preside Juan Pablo Castañon, se ha convertido en “defensor de oficio” del Gobierno Federal pidiendo reformas energéticas y acusando a las comunidades indígenas y campesinas de impedir el desarrollo nacional, aun sabiendo que estos proyectos se realizan con graves faltas de derechos humanos.

Sentenció que la lucha de más de 30 días frente a Segob “será inagotable” pues es urgente armonizar leyes nacionales con tratados internacionales en materia de derechos humanos así como el acuerdo del convenio 169 de la OIT, sobre la Ley de Consulta para las comunidades indígenas.

Finalmente FICAM ha propuesto en diversas ocasiones a las autoridades federales establecer una ley de amnistía ante la creciente ola de criminalización y judicialización de la lucha social en la defensa de tierra, el agua, el aire y contra los “proyectos de muerte” mineros e hidroeléctricos.