Por: Redacción/

En la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) hay pérdida de la calidad del orden jurídico, por paradójico que parezca, porque las leyes son más malas que hace 15 años, sostuvo el doctor José Ramón Cossío Díaz, ministro en retiro de la Corte, en la Unidad Cuajimalpa de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Invitado por la Rectoría General a participar en el Ciclo Conferencias magistrales metropolitanas por el 45 aniversario de la Casa abierta la tiempo observó que en las normas aprobadas en los últimos años, “las formas de redacción son pésimas; hay verbos que no tienen sentido alguno; las conexiones entre unas y otras son disparatadas: el sistema federal –que es la estructura más amplia en nuestro orden jurídico– es malísimo, y uno no se entera qué debe hacer la Federación frente a los estados y municipios o la Ciudad de México”.

Además hay acumulación de medidas que se van agregando, lo que puede tener una justificación ideológica, pero más allá de ésta se tendría que “pensar si es factible que ese mismo orden jurídico encontrara procesos claros de depuración y otros técnicos de construcción de las normas”, dijo al sustentar la conferencia Nomósfera: el cuidado del orden jurídico, ante alumnos, académicos y autoridades de esta casa de estudios.

Esto lleva a una pregunta relevante: ¿quién cuida el orden jurídico?, si se piensa en la esfera del “nomos” –las normas jurídicas– y en otra adicional, que concierne a las prácticas jurídicas: ¿quién vigila que los jueces cuenten con las habilidades mínimas o los titulares de los órganos reguladores sepan lo que deben hacer para producir los servicios que deben proporcionar?

La respuesta es que no cree que exista un ente preocupado por la construcción del orden jurídico, porque “cada uno genera sus propias normatividades”, por ejemplo, la Cámara de Diputados está interesada en aprobar el presupuesto, más allá de su racionalidad técnica; la de Senadores por los tratados internacionales que celebrará el presidente, más allá de sus acomodos al orden jurídico, y la SCJN por declarar la inconstitucionalidad de las normas contrarias a la Carta Magna, aunque “la calidad del orden jurídico no está en sus competencias”.

En la denominada cuarta transformación que promueve el gobierno federal hay una incesante necesidad de generar normas nuevas que recojan presupuestos o postulados políticos, “lo que de ninguna manera está mal, porque para eso ganaron las elecciones”, sin embargo, la condición técnica de lo que se está creando es altamente deficiente.

Un ejemplo de lo anterior se encuentra en la conformación de la Guardia Nacional, que implicó la modificación de la Constitución y que dio origen a un cuerpo llamado de reserva, aun cuando el Congreso de la Unión olvidó establecer cuál es el órgano competente para legislar dicho organismo.

Entonces “se genera una Guardia Nacional, se hacen las modificaciones en el Ejército, la Marina y los propios policías, pero no se emite un protocolo de uso de fuerza letal o no letal, y se envía a una gran cantidad de jóvenes con armas – letales en muchos casos– a salir a campo sin que tengan todas las construcciones normativas de lo que tienen qué hacer; al mismo tiempo, se modifican otros órganos, pero no se entrena a los titulares para que sepan cómo actuar.

Hay gran cantidad de cambios “que se piensan como parte del orden jurídico, se asume que éste las va a realizar, lo cual no está produciendo uno completo y razonablemente armónico”, y el resultado de todo esto es que se deja de prestar los servicios jurídicos en beneficio de la sociedad.

Aunque hay un enorme descuido al momento de construir normas, impera la idea de “no importa, hagamos leyes, publiquémoslas, que entren en vigor y por alguna razón esto adquirirá otra dimensión, otra altura y de repente esto empezará a transformar las condiciones de la (convivencia), pero esto desde luego no va a pasar”.

Lo que sí puede suceder es que estas normas van a entorpecer aún más las condiciones precarias de una civilidad “que estamos todos tratando de construir”, advirtió en la Aula Magna de la Unidad Cuajimalpa de la UAM.

Los conocimientos puramente jurídicos no alcanzan para resolver los problemas, ya que por ejemplo, el derecho no construye saberes sobre el agua, sino que toma conocimientos sobre ésta o de medio ambiente, los formaliza, los hace leyes o normas y con eso trata de ordenar el mundo.

Por ello consideró importante que en la Unidad Cuajimalpa y, en particular, en su Licenciatura en Derecho haya entrelazamientos entre los conocimientos jurídicos y otros saberes para que quienes hagan normas tengan una comprensión lo más completa posible de aquello que les tocará legislar, juzgar, litigar o regular bajo la modalidad normativa que usen.

Lo anterior tendrá que pasar por percatarse “del problema que es cuidar el orden jurídico y no simplemente suponerlo como algo dado, en donde todos ponen cosas, se hace un batidillo espantoso y después es muy difícil extraer órdenes, racionalidades, normas y claridades para empezarse a mover en ese ámbito”.

Al dar la bienvenida al ex ministro, el doctor Eduardo Peñalosa Castro, rector general de la UAM, señaló que el doctor Cossío Díaz es reconocido como una de las mentes más críticas, reflexivas y propositivas del pensamiento jurídico contemporáneo y su opinión en temas de alto impacto como la desaparición forzada de personas o protocolos de cuerpos de seguridad es siempre atendida.

Su propuesta de trascender la noción de orden jurídico es destacable como mera acumulación de normas para concebirla como un sistema que debe preservarse, igual que un ecosistema, pues también es susceptible de ser alterado, contaminado, explotado o depredado.

La doctora Mariana Moranchel Pocaterrra, magistrada de la sala superior del Tribunal de Justica Administrativa de la Ciudad de México e investigadora de esta casa de estudios, resaltó su compromiso con los derechos humanos, la justicia y la democracia, que se ha demostrado en sus votos, sentencias y deliberaciones, y el cual se mantendrá como elemento valioso en la construcción de una sociedad más justa, con el derecho como elemento importante en la reconfiguración de la sociedad y del Estado mexicano.