Por: Redacción/

La transformación anunciada por el Gobierno de México en materia de política urbana de vivienda, presenta una oportunidad única para beneficiar a ocho millones de mexicanos a partir de la regeneración y rescate de sus comunidades

Se trata de dos millones de familias que compraron casas en fraccionamientos desarrollados en el periodo 2000-2015 con créditos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y que por la falta de articulación de políticas y diseño urbano viven en conjuntos olvidados e inseguros.

Así lo consideró José Antonio Díaz, fundador y director general de Comunidades Que Renacen, empresa de impacto social con foco en la regeneración de comunidades, al asegurar que al rescatar estas miles de viviendas es posible detonar el desarrollo social y mejorar la calidad de vida de sus habitantes, al regeneralas a partir de metodologías de participación social.

El fundador y director general de Comunidades Que Renacen asegura que estos fraccionamientos no deberían considerase vivienda perdida, pues hay millones de personas que los habitan y quieren permanecen en sus propiedades.

“Hay una gran oportunidad a partir de la regeneración urbana para convertir el proceso tradicional de estructuración de vivienda por fraccionamientos, en una detonante del rescate urbano, a partir de la participación pública y social”, aseguró.

-Reducen violencia a la mitad-

Al menos ocho millones de personas que habitan en fraccionamientos principalmente ubicados en Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Baja California, Chihuahua, Tamaulipas, Veracruz y Quintana Roo, afrontan problemas de invasión y abandono de vivienda.

A través de la definición de procesos de regeneración urbana con participación social, Comunidades Que Renacen ha beneficiado a más de ocho mil familias que habitaban en fraccionamientos con problemas de abandono e invasión, principalmente en la zona norte del país.

La recuperación de las viviendas, detalló Díaz, permitió que sus habitantes restablecieran canales de comunicación con las policías locales y propiciaran escenarios favorables de prevención del delito.

De acuerdo con Díaz, en estas comunidades en las que se apostó por la regeneración urbana con participación entre vecinos y policías, los índices delictivos se redujeron al menos 50% respecto de la violencia previa que las afectaba.

“Recuperar la prosperidad y la tranquilidad para millones de mexicanos socialmente olvidados por las políticas de vivienda y de desarrollo urbano es una oportunidad inmejorable para el Infonavit y para la Sedatu (Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano) y afortunadamente existen fórmulas probadas de regeneración urbana que ya tienen resultados medibles”, destacó.

-Problema con solución-

En los últimos 18 años, a partir de la reestructuración del Infonavit y con la creación de la Comisión Nacional de Vivienda, en México se construyeron alrededor de diez millones de casas, que corresponden aproximadamente a 35% de la vivienda a nivel nacional.

Este grupo de vivienda conglomerada en fraccionamientos se desarrolló sin planeación ni diseño urbanos, entre vacíos legales propios de los gobiernos municipales y fuera de una estrategia nacional de crecimiento de ciudades que derivó en abandono e invasión.

Díaz destacó que el impacto de la regeneración urbana con participación social en estos fraccionamientos no sólo mejoraría la calidad de vida de quienes ya viven en ellos, sino de las nuevas familias que quieren habitarlos y ser parte de esas comunidades.

“Beneficiar a ocho millones de mexicanos que habitan fraccionamientos formales. Este es el tamaño del impacto positivo que podría generase a partir de una política nacional de regeneración urbana que propicie el retejido social y el rescate urbano para millones de mexicanos históricamente olvidados por las políticas de gobierno en materia urbana y de vivienda”, abundó.

Díaz concluyó que el modelo propuesto de regeneración urbana requiere esquemas de inversión de empresas de impacto social que multipliquen el capital estatal con inversión comunitaria, en el que los vecinos participen con su tiempo y conocimiento para el mejoramiento de sus barrios.