Por: Redacción/

La reforma constitucional a los artículos 3, 31 y 73 –aprobada hoy y uno de los compromisos de campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador– ha causado gran polémica por las altas expectativas en materia de educación, señaló el doctor Carlos Ornelas, profesor-investigador de la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Al explicar el fondo de la controversia en el tema, el académico del Departamento de Educación y Comunicación explicó en entrevista que la misma se desató desde que comenzó la revisión del documento enviado al Poder Legislativo en diciembre del año pasado, ya que estaba incluso mal elaborado, pues contenía desde errores de ortografía hasta varias fallas, entre ellas que eliminaba la fracción séptima sobre la autonomía universitaria.

No obstante, “partidos de oposición hicieron suya la propuesta que un grupo de académicos elaboró y diseñaron un dictamen conjunto que se votó a marchas forzadas en abril, con la presión de la Coordinadora Nacional de Trabajadores del Educación (CNTE). Al final, la reforma ha incorporado muchas modificaciones importantes”.

En primer lugar abroga el Servicio Profesional Docente, desaparece por completo el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y se transforma en un nuevo organismo descentralizado, con autonomía y personalidad jurídica propias, con una junta directiva y un consejo asesor. Dicha institución se caracterizará por tener miembros asignados por la Cámara de Senadores, sin participación del Poder Ejecutivo.

“No desaparece el Sistema de Pagos de la Nómina Magisterial (FONE) que re-centralizó al gobierno anterior como una reforma a la Ley de Coordinación Fiscal de septiembre de 2013, al igual que el Sistema Integral de Información y Gestión Educativa (SIGED), un aparato central para la administración del sistema”, apuntó.

Ornelas también indicó que se contemplan la enseñanza de valores, música, civismo, artes, deportes, matemáticas, ciencias y humanidades, y hace énfasis en el aprendizaje, así como en el interés superior de la niñez y los jóvenes; “ninguna constitución en el mundo establece esto”.

Algunos observadores han señalado que en el artículo transitorio décimo sexto se establece que las relaciones laborales de los trabajadores de la educación se van a regir por el artículo 123 apartado “B”, es decir, el de la burocracia federal, otorgando atribuciones al sindicato para la asignación del 50 por ciento de las plazas en términos legales.

Esto podría traer viejas prácticas sobre herencia de puestos, aunque resulta ambiguo, ya que en la reforma además se determina que habrá nuevos procesos para la admisión y la promoción de los profesores, así como que el Estado mantendrá la rectoría de las plazas.

Sin embargo, queda aún pendiente la aprobación de la ley secundaria, “allí es donde se desatan las dudas expresadas por miembros del Partido Acción Nacional (PAN), Mexicanos Primero o la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), académicos independientes, analistas políticos y periodistas”.

En general, “podemos decir que la expectativa crece, aunque es imprecisa en términos de su redacción, por lo que habrá más polémicas; el presidente ha expresado su deseo de re-centralizar todas las funciones del sistema educativo, de tal manera que se podría vislumbrar un regreso a la condición anterior al año 1992”, refirió.

Si bien hay riesgos, “podemos esperar cosas positivas”, por lo pronto está garantizado otro artículo transitorio, el diecinueve, a insistencia del Partido Revolucionario Institucional (PRI) para impulsar el financiamiento de la educación superior, entre otras cuestiones acerca de los derechos de la niñez, la inclusión, la introducción de nuevos programas sociales y de becas.