Por: Redacción/

La presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, diputada Patricia Terrazas Baca (PAN), señaló que será hasta el próximo año, en el periodo ordinario de sesiones que inicia en febrero, cuando se dictamine la iniciativa para expedir la Ley Orgánica de la Financiera Nacional Agropecuaria (Finagro).

La Finagro aglutinará a la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, al Fideicomiso de Riesgo Compartido (Firco) y al Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural (Focir) en una sola institución de banca de desarrollo, que tendrá por objeto la promoción y financiamiento de los sectores agropecuario y rural.

En reunión de trabajo, veinte organizaciones agropecuarias solicitaron a la Comisión de Hacienda convocar a un parlamento abierto para que se conozcan sus necesidades y propuestas de los productores y junto con los diputados enriquezcan la iniciativa.

La diputada Terrazas Baca explicó que esta propuesta será presentada a los legisladores el próximo martes durante su reunión mensual de trabajo, para que, en su caso, la aprueben, acuerden el procedimiento, el calendario, y se invite a campesinos y funcionarios del gobierno federal a participar.

Subrayó que una vez que se tengan las opiniones de los expertos, los integrantes de la comisión las evaluarán para definir el dictamen. “En enero se avanzará con el parlamento abierto y el siguiente periodo ordinario se dictaminará”, consideró.

“Vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para obtener una ley que atienda las necesidades de los que más lo requieren. Elaborar un documento que no esté hecho en un escritorio, sino por quienes manejan los créditos rurales, conocen los mecanismos, sus alcances y límites”.

El diputado del PAN, Carlos Carreón Mejía, integrante de la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria, destacó la importancia de hacer un estudio profundo de la iniciativa, con el objetivo de aportar proposiciones puntuales para tener la certeza de que se aprueben las modificaciones.

“Estamos en la mejor disposición de ayudarlos a través de las proposiciones que planteen los organismos agropecuarios para defenderlos en las comisiones dictaminadoras”, precisó.

Gregorio Viramontes Pérez, director general de Desarrollo de Negocios de la Unión Nacional Integradora de Organizaciones Solidarias y Economía Social (Unimoss), planteó incluir en la iniciativa de la Finagro “las funciones primordiales que deberá cumplir la banca de desarrollo, como las de fomento, mediante formas específicas que atiendan las peculiaridades productivas del campo”.

Salvador Aguayo García, secretario general de la Red Nacional de Organizaciones y Empresas Sociales (Red Moremso), presentó la solicitud de parlamento abierto con los diputados. Celebró que sea para el 2020 cuando se dictamine esta iniciativa. “Es una buena noticia que se den tiempo suficiente para consultar a los productores, sobre todo a los pequeños, que carecen de apoyos reales”.

Isabel Cruz Hernández, representante de la Asociación Mexicana de Uniones de Crédito del Sector Social, consideró que la iniciativa de la Finagro tiene mayor solidez institucional; sin embargo, es muy técnica y adolece del enfoque de desarrollo social que se necesita, porque “no se ha logrado un impacto masivo en el financiamiento rural”, el cual se obtiene en las cajas de ahorro y préstamo de la sociedad civil.

Álvaro Loza, integrante de la asociación El Campo es de Todos, propuso créditos rurales con tasas de interés de un dígito y pidió eliminar a los intermediarios en el proceso para solicitar y otorgar un financiamiento. Criticó que los pequeños campesinos, que son la mayoría en el país, no reciban respaldos y sólo se beneficie a los medianos y grandes empresarios agroalimentarios.

Alejandro Montaño, representante del Congreso Agrario Permanente de la Unión Campesina Democrática, agradeció la oportunidad de aportar ideas, porque “somos un sector ninguneado, cuya posición se ha debilitado en la actual administración federal, porque el Programa Especial Concurrente ha perdido muchos recursos que se destinaban a fomentar la productividad”.