Por: Redacción/

La reducción del espacio fiscal se traducirá en poca recaudación y será uno de los mayores problemas que México enfrentará, derivado de la pandemia del COVID-19, consideró el doctor Miguel Ángel Gómez Fonseca, académico de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

La economía informal representa la mayor fuente de ocupación y el empleo asalariado –al que se busca proteger– forma una relación dialéctica con la empresa capitalista, por lo que resulta prioritario tratar de afectar lo menos posible la labor productiva.

La suspensión de actividades debe mantenerse el tiempo estrictamente necesario y quizá tratar de aplicar subsidios, por ejemplo, al transporte, aunque garantizando condiciones de no contagio, dijo el investigador durante el Primer Encuentro Virtual: Del contagio biológico al contagio económico y financiero. Reflexiones sobre el COVID-19 y su impacto.

En la economía convencional las crisis son exógenas, al resultar de un flujo de valor sin mayor obstáculo que factores externos y equivalen a una paralización o desaceleración del comercio, debido a que todas las transacciones pueden crear valor y el Producto Interno Bruto (PIB) registra ese movimiento.

La economía política considera que las secuelas de un desequilibrio no acaban cuando el PIB se recupera, por lo que –por ejemplo– “la capacidad hospitalaria no es una causa exógena, sino el resultado de procesos de acumulación de capital previos que explican el estado tan precario del sistema de salud”.

Esto permite dos niveles de análisis: la reproducción material o circulación de los valores de uso, por un lado, y la forma social de la circulación del valor, por otro, apuntó el docente del Departamento de Economía de la Unidad Iztapalapa, al hablar en la Mesa 2. Epidemia y crisis.

“Hemos entrado en situaciones inéditas, pero espero que no lleguemos a las inimaginables y que ojalá podamos visualizar nuevos tipos de políticas monetarias, porque las recetas tradicionales no van a operar tan fácil en el contexto actual”.

Las acciones que un Estado-nación –con independencia de su régimen y visión del mundo– podría impulsar para paliar un proceso de crisis sanitaria con implicaciones financieras debieran “orientarse a facilitar la supervivencia de las empresas y subordinar cualquier otro objetivo de política económica a la recuperación”, sostuvo la doctora Claudia Rocío González Pérez.

Las medidas oficiales deben encaminarse a la coordinación de decisiones que estimulen la actividad, no sólo de un país, sino de toda una región o continente, además de que no es momento de prejuicios sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas, ya que la crisis se va a resolver desde las administraciones, por lo que “endeudarse no sería pecado”, si se hiciera por el bien superior de reactivar la producción y el consumo de bienes para evitar daños mayores, expuso la profesora del Departamento de Economía de esa sede académica.

“El papel del gobierno sería generar una red de contención social y económica para que a los mercados no se les deje solos; el Estado debiera apoyar, ayudar y dar liquidez a las pequeñas y medianas empresas”, agregó la doctora en Estudios Organizacionales por la Unidad Iztapalapa de la UAM.