Por: Redacción

La prisión preventiva pasó de ser una medida excepcional a una acción generalizada, pero además contraria a Derechos Humanos, costosa, y hasta criminalizadora, particularmente de los más vulnerables, por lo que el diputado Omar Ortega Álvarez propuso reformar su marco jurídico desde la Constitución.

Aunque consideró pertinente mantenerla, propuso condicionar su aplicación. Así, el Ministerio Público y los jueces deberán cumplir una serie de requisitos antes de solicitarla, autorizarla y llevarla a cabo. Además, si en su aplicación el prisionero sufriere algún daño injustificada e ilegalmente, las autoridades deberán repararlo.

A través de una iniciativa de reforma al artículo 19 de la Carta Magna, el parlamentario perredista planteó específicamente que todo abuso, maltrato, molestia, gabela o contribución ilegales en la aprehensión o en las prisiones sea reparado por dichas autoridades.

Propuso limitar la facultad del Ministerio Público de solicitar al juez la prisión preventiva sólo cuando otras medidas cautelares sean insuficientes para garantizar la comparecencia del imputado, y cuando la protección de víctimas y testigos así lo amerite.

Igualmente planteó condicionar la facultad del juez de ordenar la prisión preventiva en los supuestos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas o delitos cometidos con medios violentos -como armas y explosivos- solo si existen pruebas que acrediten tales supuestos.

A fin de evitar que una persona sea prisionera “preventivamente” incluso durante décadas, propuso que todo el proceso –desde la investigación hasta la última etapa- no dure más de tres años.

Con datos de la Comisión Nacional de Seguridad y las Comisiones Nacional e Interamericana de Derechos Humanos (CNDH y CIDH), apuntó que esto provoca una indebida convivencia y sobresaturación de procesados y sentenciados en las cárceles.

Lo grave es también, señaló, que cuando a personas que pertenecen a grupos vulnerables, se les obstaculiza el acceso a otras medidas cautelares, como la fianza, y contratar a un abogado, quedan dependientes de la defensoría pública y sus limitaciones.

Advirtió que las recientes reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales en el marco de la “miscelánea penal” que aumentó el término de la prisión preventiva de uno a dos años agravaría la problemática de ser aprobada en el periodo extraordinario en el Senado, la volvería más costosa y podría significar más  hacinamiento y violencia.

De acuerdo con la CIDH, mantener en prisión a las personas en proceso implica un gasto promedio de 750 millones de dólares al año. La pérdida de control de las cárceles por parte de las autoridades, además, ha provocado la evasión de más de mil internos y la muerte de aproximadamente 600 en los últimos cinco años.