• Señaló que los programas oficiales utilizan mecanismos vinculados con el neoliberalismo”, sobre todo relacionados con la focalización y las transferencias directas de recursos, ocasionalmente condicionados.

Por: Redacción/

La política social aplicada por el gobierno federal mexicano es semejante a la desplegada por las tres administraciones que le antecedieron, pese al discurso antineoliberal del presidente Andrés Manuel López Obrador, sostuvo la doctora Alma P. de León Calderón, investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

En la tercera sesión del Primer Coloquio virtual del Área de investigación Políticas Públicas, Economía, Sociedad y Territorio (PPESyT), organizado por la Unidad Lerma, dijo que existe una “continuidad en el crecimiento en protección social respecto de años previos”, pues los programas oficiales utilizan mecanismos vinculados con el neoliberalismo”, sobre todo relacionados con la focalización y las transferencias directas de recursos, ocasionalmente condicionados.

El régimen ha dejado de lado un esquema comunitario de política pública, así como la importancia del trabajo de actores que aportan experiencia, especialización e infraestructura para cumplir objetivos generales.

La profesora del Departamento de Procesos Sociales de la citada sede académica subrayó que si los instrumentos utilizados están asociados a un enfoque neoliberal y con ellos se quiere llegar a objetivos diferentes hay incongruencia y desconexión entre los medios y los fines que impiden obtener los resultados esperados.

En términos llanos quiere decir que si las autoridades se plantean alcances distintos a los obtenidos por gestiones anteriores, pero siguen usando herramientas idénticas, los efectos pueden ser los mismos que tanto se ha criticado.

De León Calderón anotó que en su artículo sexto, la Ley General de Desarrollo Social (LGDS) define como derechos la educación; la salud; la alimentación nutritiva y de calidad; la vivienda digna; el disfrute de un medio sano; el trabajo, y la no discriminación con base en preceptos constitucionales.

La política pública debiera entonces buscar la resolución de problemas enlazados a las garantías de la LGDS y abarcar criterios referentes al gasto social (erogaciones a programas públicos); la orientación temática (rubros dedicados al dispendio); los instrumentos (componentes que pueden estar vinculados a modelos neoliberales), y la institucionalización (nivel de reconocimiento y formalización).

En la conferencia Análisis de la evolución histórica de la política social en México, la investigadora destacó que el gasto público en los pasados tres sexenios “creció igual que en la administración actual, pero esta tendencia viene de gestiones pasadas”.

La estabilización del gasto social como proporción del Producto Interno Bruto ha variado entre 9.6 y 11 por ciento en los últimos sexenios, lo que tiene que ver con disposiciones de la LGDS, que en su artículo 20 menciona que no podrá ser inferior al año fiscal anterior.

El rubro de la educación registra una tendencia a la baja, al haber pasado de 31.0 por ciento en 2013 a 28.2 por ciento a la fecha, mientras que seguridad social ha ascendido y la asistencia social y la salud se mantienen estables.