• “La información salva vidas y genera mecanismos efectivos de atención y recuperación en tiempos de emergencia”, sostuvo la Comisionada Presidenta del INAI.

Por: Redacción/

En tiempos de emergencia, el derecho a saber se convierte en una herramienta para salvaguardar la vida y la salud de las personas, y también ayuda a tomar mejores decisiones, sostuvo la Comisionada Presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Blanca Lilia Ibarra Cadena, al participar en el “Diálogo de personas expertas en transparencia activa, acceso a la información y datos abiertos”, convocado por la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“En tiempos de emergencia como lo que seguimos viviendo, la población tiene derecho a saber cuáles han sido los recursos con los que se ha combatido la pandemia, cuál es la mejor forma de actuar y prevenir los contagios en su vida cotidiana; pero también la preservación de su trabajo, cuáles son las opciones de atención médica; cuál es el esquema de recuperación que se está instrumentando para los próximos meses; cuáles son los servicios y apoyos disponibles para cuidarse; en concreto”, manifestó.

La Comisionada Presidenta reconoció que, el poder coordinar y estrechar lazos de cooperación, ha permitido encontrar vías de solución que fortalezcan el trabajo de las naciones en beneficio de la gente. “La pandemia de COVID-19 y las respuestas de los gobiernos de la región para contener su propagación contribuyeron a crear un estado de excepción en nuestro hemisferio”, dijo.

Ibarra Cadena reconoció que durante esta emergencia sanitaria “los sistemas de transparencia que buscan proteger el derecho a saber se han visto sujetos a tensión en todo nuestro continente, y los organismos que velamos por estos derechos nos hemos enfrentado a una gran necesidad de mantener la capacidad de nuestras funciones y a garantizar la efectividad de nuestras actividades, pero al mismo tiempo proteger la salud de quienes trabajan en estas instituciones”.

En ese contexto, destacó la importancia de los órganos garantes, al tener un papel relevante al momento de ayudar a establecer criterios de calidad, oportunidad, accesibilidad, utilidad y reutilización de la información que es publicada por las autoridades.

“Estamos convencidos de que la información puede salvar vidas y, ante esta situación, el acceso a la información juega un papel central no solamente en el ámbito gubernamental, sino también para generar mecanismos preventivos de atención y de recuperación más efectivos. Y, por parte de la sociedad civil, para la construcción de esfuerzos capaces de complementar y retroalimentar acciones del ámbito público”, afirmó.

La Comisionada Presidenta señaló que el quehacer de los organismos garantes se enfrenta principalmente a cuatro desafíos: la posible colisión de derechos humanos a la hora de definir e instrumentar acciones que den respuesta a la pandemia y sus efectos; garantizar la atención prioritaria a grupos en condición de vulnerabilidad, como población indígena o personas en condición de pobreza; trabajar en campañas de alfabetización mediática para combatir los procesos de desinformación masiva; y asegurar la presencia de mecanismos transparentes, útiles y claros para la ciudadanía, en el marco de las campañas de vacunación y el proceso de recuperación económica y social.

“Como autoridades nacionales y parte central de un Estado de Derecho, hay un compromiso por parte de México, por parte del INAI, con la ciudadanía y el orden democrático internacional, que es garantizar ejercicios gubernamentales transparentes y dotar a la gente de información oportuna y confiable”, subrayó.

Javier Castro de León, Director del Departamento de Estudios Legales de la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES), destacó la importancia de que se pueda contar con un índice de transparencia activa para poder enfrentar situaciones excepcionales como la que se vive en todo el mundo y que nos tomó por sorpresa.

“En ese sentido, esta pandemia que tanto ha afectado al mundo, principalmente la salud y la vida de muchas personas, también tuvo como víctima al acceso a la información pública y hemos visto como, en diversos países se implementó la opacidad y hubo retrocesos en términos de acceso”, reconoció.

Vivian Newman, Directora del Centro de Estudios en Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia), coincidió en la importancia del acceso a la información pública respecto de otros derechos humanos, durante la pandemia por COVID-19. Al referirse a la iniciativa de contar con un índice de transparencia activa y datos abiertos en el marco de una emergencia sanitaria, hizo hincapié, entre otros puntos, “en la importancia de datos abiertos actualizados en tiempo real y que el índice, para que sea más universal, debiera construirse a partir de comparaciones de emergencias, no solo la actual por COVID-19”, apuntó.

Juan Carlos Said Rojas, Médico y Director de América Transparente, señaló que no hay derecho si no hay presupuesto, todos los derechos requieren un gasto; entonces, hacer valer un derecho requiere hacer eficiente la administración.

“Y, justamente, la ausencia de transparencia hoy en día conspira contra la eficiencia, dado que es muy barato ser corrupto, es decir, la mala administración no tiene ni sanción estatal, ni del público, que pueda fiscalizar cómo se está gastando; en ese contexto, la pandemia se ha convertido en un escenario propicio para malas prácticas”, evidenció.

El diálogo de expertos estuvo moderado por Pedro José Vaca Villarreal, Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH. -o0o- 3