Por: Redacción

Trabajos de investigación, gabinete, y campo permitieron a la Procuraduría General de Justicia capitalina, a través de la Fiscalía Central de Investigación para la Atención de Delitos Sexuales ejercer acción penal contra Marco Antonio Morales Valenzuela como probable responsable de los delitos de corrupción menores y abuso sexual cometido contra una menor de 12 años, debido a que la atacó durante tres años. El infractor quedó a disposición del Juez 18 Penal del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente.

El Ministerio Público de dicha fiscalía conoció de los ilícitos a través de la denuncia que interpusieron los familiares de la víctima, al conocer que fue agredida por el inculpado en su domicilio desde que ella tenía nueve años.

La menor, representada por su padre, describió la forma en que este sujeto la violentó sexualmente por espacio de tres años, pero que nunca dijo nada hasta el día que le mostró en un teléfono celular una película con escenas de personas desnudas teniendo sexo y quiso obligarla a que hiciera lo mismo; fue en ese momento cuando salió corriendo del cuarto y lo comunicó a sus parientes.

El imputado huyó, pero al dar seguimiento a las investigaciones se logró establecer que trabajaba como técnico en línea blanca y que para evitar su detención cambiaba constantemente de domicilio en la Ciudad de México y en el Estado de México.

Tras su captura, realizada por elementos policiacos, el imputado fue presentado ante el representante social de la mencionada fiscalía, donde se negó a que le practicaran los estudios psicológicos para conocer su perfil.

Del mismo trabajo de gabinete se obtuvo que este individuo de 39 años de edad, comenzó a delinquir desde que tenía 21 años y entre sus antecedentes penales se tiene registro que cometió fraude genérico, allanamiento de morada y daño en propiedad ajena, entre 1997 y 2000.

Esta información se emite en términos del Artículo 11 de la Ley de Protección de Datos Personales para la Ciudad de México.

El presentado tiene el carácter de probable responsable, lo que no implica una sanción penal hasta que lo determine la autoridad jurisdiccional.

La Procuraduría General de Justicia capitalina refrenda su compromiso de combatir de manera frontal el delito de violación.