Por: Redacción/

La reforma constitucional en materia de paridad de género publicada el 6 de junio pasado representa un gran avance para la igualdad en México, pero decir que con esta se resolverán todos los problemas de discriminación y exclusión que afectan a las mujeres sería faltar a la verdad, señala una investigación elaborada por la Dirección General de Difusión y Publicaciones del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República (IBD).

El estudio titulado “La agenda legislativa pendiente de la igualdad de género ¿Qué sigue después de la paridad?”, elaborado por el investigador César Alejandro Giles Navarro, apunta que las condiciones de discriminación que afectan a las mujeres no se limitan a la subrepresentación política, sino que forman parte de un panorama más complejo y adverso de violaciones a los derechos humanos.

Tan solo en el ámbito de la representación de las mujeres, la reforma constitucional en materia de paridad dejó fuera aspectos fundamentales, como la integración de los principales órganos de decisión del Poder Judicial y una buena cantidad de entes públicos, como los partidos políticos, el servicio exterior y las empresas productivas del Estado, por lo que resulta difícil hablar de paridad total.

En ese sentido, la incorporación de la paridad en entes públicos diferentes a las secretarías de Estado, los organismos autónomos y los ayuntamientos, dependerá más de la voluntad política de las y los legisladores y de los gobiernos que de un mandato constitucional expreso, apunta el investigador del IBD.

Haciendo a un lado la paridad, el reto que enfrenta el Estado mexicano para garantizar la igualdad sustantiva es titánico, considera el estudio, pues muy lejos de los gabinetes gubernamentales, de los escaños y las curules, las mujeres siguen enfrentando infinidad de obstáculos, que van desde la discriminación verbal y los techos de cristal, hasta las formas de violencia más atroces, explica el documento.

Ante el grave problema de violencia de género en nuestro país, las reformas para mejorar el funcionamiento y la eficacia del mecanismo de alerta de violencia de género, la sanción de los feminicidios y la tipificación de la violencia política de género se antojan como los pendientes más urgentes a tratar por el Congreso de la Unión, señala el estudio.

Adicionalmente, tomando en cuenta las recomendaciones de diversos organismos de derechos humanos, el Poder Legislativo tiene entre sus pendientes: aprobar reformas para sancionar la violencia obstétrica, incorporar a la perspectiva de género en el mecanismo de protección de periodistas y personas defensoras de los derechos humanos, sancionar la violencia escolar contra las niñas y la despenalización del aborto a nivel nacional.

La agenda pendiente de la igualdad de género también contempla abolir la detención sistemática de mujeres migrantes, promover la aplicación de medidas no privativas de la libertad para las mujeres que violan la ley, reconocer el matrimonio igualitario en todo el territorio nacional, adoptar medidas para aumentar el acceso de las mujeres al trabajo formal, constitucionalizar el principio de igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor, cerrar la brecha salarial por razón de género y aumentar los incentivos para que los hombres ejerzan su derecho a la licencia de paternidad.

La investigación completa del IBD se puede consultar en la siguiente dirección electrónica: http://bibliodigitalibd.senado.gob.mx/handle/123456789/4563