• En nombre de las necesidades para mitigar la enfermedad, se ha coartado el derecho y el acceso a la información pública, lo que ha generado una ola de desinformación y una trágica ironía.

Por: Redacción/

Durante la emergencia sanitaria por el COVID-19 se ha estado viviendo una tempestad perfecta en materia de libertad de expresión y de prensa, ante los retos regulatorios, económicos o de seguridad que encaran los países y que “de manera inédita los enfrentamos todos a la vez”, sostuvo el maestro Guilherme Canela.

En el Encuentro virtual: Desafíos ante la violencia y por la seguridad de periodistas en tiempos de pandemia –organizado por la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM)– el jefe de la Sección para la Libertad de Expresión y la Seguridad de los Periodistas de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) destacó que sin unión ni colaboración no será posible atender este enorme problema.

En nombre de las necesidades para mitigar la enfermedad, se ha coartado el derecho y el acceso a la información pública, lo que ha generado una ola de desinformación y una trágica ironía, debido a que en este momento es cuando más se requieren medios independientes y plurales.

Al participar en la Mesa: Panorama regional de la violencia hacia periodistas explicó que un asunto destacado es la viabilidad económica, ya que gran cantidad de periódicos y revistas está cerrando, lo que en un futuro puede resultar en un desierto mediático, además de que un número significativo de profesionales del ramo ha muerto o se ha infectado.

Otro factor es la precarización del trabajo por el crecimiento de despidos y la vulnerabilidad económica, así como el aplazamiento de cuestiones sobre inseguridad, pues si bien hasta hace algunos años el victimario principal era el Estado, ahora lo son los agentes relacionados con el crimen organizado, el tráfico de drogas, la minería ilegal, las violaciones a los derechos humanos o la corrupción política.

“Los desafíos son múltiples, complejos y tienen que ver con la seguridad física –asesinatos– y mental de ellos y sus familias; afectan en particular a mujeres y desde el plano jurídico, muchos periodistas están siendo demandados en cortes, con prisiones arbitrarias”.

El Plan de Acción de la Organización de las Naciones Unidas hace hincapié en que los Estados deben establecer políticas públicas coherentes, con componentes de prevención, protección y procuración de justicia.

El abogado Leopoldo Maldonado Gutiérrez, director de Artículo 19 México y Centroamérica, expresó que estas sinergias son prioritarias para atender una problemática apremiante, a la que se suman las crisis sanitaria y económica, complejizando aun más la situación en la región y en el mundo.

Si bien estas amenazas no son nuevas para el gremio, se han recrudecido en este contexto, con la vulneración de derechos; la restricción a la información en escenarios convulsos; una mayor regulación del ámbito digital en el ejercicio de la libre expresión, y las acciones para desacreditar la labor periodística.

La agresión no tiene que ver sólo con el asesinato –que es la forma de censura más extrema– sino también con la intimidación, el bloqueo informativo y una nueva y preocupante tendencia en la zona: la estigmatización desde el discurso oficial y el poder público.

Por ello subrayó la vigencia y el sentido de este Encuentro para el análisis y la creación de estrategias conjuntas, que lleven a mayores exigencias frente a los grandes retos en la materia.

La doctora Margarita Zires Roldán, coordinadora de la Red por la Libertad de Expresión Contra la Violencia a Comunicadores/UAM Xochimilco, concluyó que el encuentro congrega a especialistas de diversas universidades para visibilizar y denunciar mecanismos que amenazan a los comunicadores, investigarlos y apoyar a los amenazados.

“Los ataques son violaciones a la autonomía de pensamiento y al ejercicio democrático, además de que atentan profundamente contra el quehacer de las universidades en su conjunto, al sufrir también una censura y silenciamiento”, concluyó la académica del Departamento de Educación y Comunicación.