Por. Redacción/

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió este viernes que se investigue a la mayor celeridad i los crímenes cometidos contra tres activistas en Guatemala que trabajaban con organizaciones de derechos indígenas y campesinos.

El primero, Luis Marroquín, del Comité de Desarrollo Campesino fue asesinado el pasado 9 de mayo en la localidad de San Luis Jilotepeque, en el municipio de Jalapa, al sureste del país. Al día siguiente, José Can Xol, líder de la comunidad del Comité Campesino de Desarrollo del Altiplano, fue asesinado en la comunidad de Choctún Basilá en el municipio de Cobán, perteneciente al departamento de Alta Verapaz.

Finalmente, el 13 de mayo, Mateo Chamán Paau, afiliado al mismo Comité Campesino, murió en la comunidad de San Juan Tres Ríos, situada también en Cobán.

La portavoz de la Oficina, Ravina Shamdasani señaló que las comunidades de Choctún Basilá y Tres Ríos, están involucradas en procesos para garantizar los derechos a la tierra y colaboran con el Gobierno en un acuerdo que trata más de 50 conflictos territoriales en el país.

Shamdasani indicó que su Oficina posee indicios de que otros miembros de estas organizaciones fueron víctimas de ataques durante los últimos meses.

“Pedimos a las autoridades que investiguen sin demora estos asesinatos y otros ataques y amenazas contra los defensores de los derechos humanos, y que garanticen que los responsables respondan ante la justicia”.

Asimismo, exhortó al Gobierno de Guatemala a adoptar las medidas necesarias para garantizar un entorno seguro y propicio para que los defensores de los derechos humanos realicen su trabajo en un escenario libre de amenazas y ataques.

La vocera se sumó a la preocupación expresada recientemente por la relatora especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, sobre la necesidad de defender a estas comunidades que reivindican el derecho a la tierra.

De la misma manera denunció campañas de descrédito contra periodistas, medios de comunicación independientes, organizaciones de la sociedad civil, funcionarios judiciales y otras personas vinculadas en combatir la corrupción y la impunidad.

Por último, pidió al Gobierno “que aborde estas cuestiones como parte de sus esfuerzos por fortalecer el Estado de Derecho, la protección del derecho a la libertad de expresión y la independencia judicial, y la lucha contra la impunidad y la corrupción”.