Por: Redacción

La obesofobia presenta una tendencia a la naturalización y la normatización social que redunda en la denostación a las personas con sobrepeso, manifestó el doctor José Alberto Rivera Márquez, profesor-investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Los discursos oficiales y algunos académicos son consecuentes en perseguir de manera “policiaca” a los sujetos para decirles que “deben cumplir con una norma”, aseveró.

Los individuos son personas con derecho a la felicidad “que debemos comer y no necesariamente parecernos ni a un modelo matemático ni a una serie de categorías, tampoco tenemos que hacer caso, como si fuera un mandato religioso, a un aparato que nos dice que debemos bajar de peso”.

El coordinador de la Maestría de Medicina Social de la Unidad Xochimilco de la Casa abierta al tiempo consideró un error “satanizar” o “estigmatizar” los alimentos y las prácticas alimentarias, pues “las obligaciones del Estado son ofrecer opciones diversas, regular la publicidad y hacer que la industria de comestibles y bebidas observe y cumpla la Ley”.

En otro ámbito la academia, el Estado y otros actores necesitan abordar el análisis del problema alimentario desde un enfoque de derechos humanos, de lo contrario “se mantendrá una política que, sin éxito, culpabiliza a sujetos y responsabiliza a consumidores”.

Mediante técnicas de exploración social sistemática el doctor en Epidemiología y Salud Poblacional realizó un estudio de la oferta de alimentos y bebidas como un indicador próximo del entorno de la dinámica obesogénica, en zonas de la Ciudad de México con presencia de escuelas primarias con desarrollo social alto, medio, bajo y muy bajo.

El ejercicio demostró que en dichos lugares la suma de las influencias en el entorno, las oportunidades o las condiciones de vida inciden en la promoción del sobrepeso de la población y que la oferta y la publicidad de comestibles y bebidas es más abundante en las zonas con un alto índice de marginación, es decir, a medida que el barrio presenta más pobreza “hay un efecto de mayor cerco a las escuelas respecto de su entorno obesogénico”.

Durante la ponencia Inequidades sociales, entornos y dinámicas obesogénicas en la Ciudad de México, realizada en la Rectoría General de la UAM, dijo que es un error del Estado mexicano y de la academia pensar que las acciones para prevención y control de la obesidad se asuman como si fuera una guerra.

“Las personas obesas no pueden ser consideras irracionales, irresponsables e ignorantes” ni como sujetos que toman decisiones equivocadas o que son culpables de su enfermedad.

Por ello “en la medida en que continuemos pensando que las acciones en materia de política pública y social tienen que ir dirigidas exclusivamente a los sujetos y que sólo es a partir de una decisión de buena voluntad modificar hábitos, conductas y estilos de vida para solucionar el problema, estamos condenados al fracaso”.

El resultado es que no hay política pública que haya demostrado éxito como consecuencia de esa concepción, por lo que lo más conveniente sería preguntarse si las personas obesas son responsables también de los procesos de determinación social alimentaria, las complejas estrategias publicitarias de la oferta de alimentos y bebidas, la pobreza y la desigualad, la carencia de espacios para hacer actividad física, la inseguridad alimentaria, los accesos inadecuados a servicios de salud y del bajo nivel escolar.

“Si bien es correcto hacer énfasis en la prevención de la obesidad y el sobrepeso, así como en la promoción de la salud, ésta debe ir más allá del auto cuidado, de pensar que los sujetos no somos los únicos responsables de nuestra enfermedad”, apuntó.

Tampoco “se puede creer el engaño de que el Estado no puede pagar por los altos costos asociados al problema del tratamiento por sobrepeso y obesidad”, ya que sí pudo costearse un rescate carretero o bancario”.

El tema “debe verse como un asunto de derechos humanos fundamentales”, ya que cuando se piensa en aquel destinado a la alimentación y consagrado en la constitución se reconoce la carencia de una ley secundaria efectiva, que debería abarcar una dimensión estructural, la garantía a una alimentación adecuada, a no padecer hambre y a no estar expuestos a una carga obesogénica.