Por: Redacción

En la nueva Ley General de Agua deberá definirse con claridad una política pública que verdaderamente sea a favor de la ciudadanía y el bienestar social, y no una que sólo privilegie a las empresas privadas, pues en muchos casos las concesiones empeoran el servicio de suministro del vital líquido, coincidieron los diputados Rodrigo Abdala Dartigues y Antonio Hernández de la Piedra.

Durante una reunión de trabajo de las comisiones unidas de Agua Potable y Saneamiento, y de Recursos Hidráulicos de la Cámara de Diputados, el pasado 26 de abril, Abdala Dartigues aseguró que es de vital importancia crear una ley acorde con las necesidades y demandas de la población en todo el país.

“El único antecedente que se tiene en la materia es la iniciativa que se presentó en la pasada Legislatura de la Cámara de Diputados, para legalizar el fracking, a pesar de que se trata de un proceso que afectará de manera grave los acuíferos y el suministro de agua”, recordó.

El legislador federal por Puebla explicó que en dicho estado el servicio del agua potable fue concesionado bajo el argumento de que era la tendencia mundial y que se iba a modernizar el suministro, lo cual nunca sucedió y sólo trajo más gastos para los poblanos.

“No se incrementó la red hidráulica. A esta fecha, la gente que no tiene acceso al agua ni a su saneamiento sigue siendo la misma, y quienes sí reciben el vital líquido padecen el incremento de 200 a 300 por ciento en las tarifas”, puntualizó.

Abdala Dartigues opinó que aunque es entendible que las empresas buscan maximizar sus ganancias económicas, los concesionarios del servicio del agua no deben hacerlo a través del incremento de las tarifas. Ello, agregó, porque el derecho humano a este líquido tiene que ser una realidad que cumplan las instituciones públicas y las empresas privadas.

En su oportunidad, el diputado Ángel Hernández de la Piedra aseveró que la crisis sistémica que se vive en el país ha originado mayores problemas en la administración del agua, por lo que en la elaboración de la Ley General de Agua es necesario tomar en cuenta la opinión de todos los sectores involucrados en el tema, incluida la sociedad civil.