Por. Redacciòn/

La titular de la Defensoría Pública Electoral para Pueblos y Comunidades Indígenas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Marina López Santiago, afirmó que la libre determinación de los pueblos es fundamental para obtener la autonomía e independencia de las comunidades y poblados indígenas, debido a que la marginación y discriminación limitan los derechos de los integrantes de estos núcleos sociales.

Al encabezar los trabajos del Segundo Foro-Taller de Sensibilización y Difusión de los Derechos Político-Electorales de los Pueblos y Comunidades Indígenas, en el auditorio José Luis de la Peza del TEPJF, la titular de la Defensoría hizo un balance y dijo que, a casi dos años de su integración, aún falta avanzar en materia de asesoría electoral y defensoría de los derechos políticos de los indígenas en México.

López Santiago indicó que, a la fecha, se han otorgado 227 atenciones de servicios, de los cuales 130 fueron para asesoría de los derechos político-electorales y 80 en defensa de éstos. Destacó que un 48% de las solicitudes provienen del estado de Oaxaca, 18% de Chiapas y el resto de otras entidades de la República, como Puebla, Sonora, Ciudad de México y Baja California.

Destacó la eficacia, eficiencia y gratuidad de los servicios a las comunidades indígenas que proporciona la Defensoría, y subrayó que actualmente hay nueve defensores, ubicados en dos sedes: una en la capital del país y otra en Oaxaca.

Por su parte, la abogada Yazmín Betanzos Torres dijo que la Defensoría Pública Electoral cumple con el mandato de procurar justicia electoral a los pueblos originarios, como lo demuestra el incremento de solicitudes de asesoría y defensa.

La también integrante de la Defensoría comentó que existen muchos casos de violaciones a los derechos político-electorales de las mujeres, por lo que se debe estar atentos a que las autoridades involucradas busquen las soluciones adecuadas a las sentencias que se emitan.

En las actividades también participaron los investigadores Hortensia Vázquez Montes, Juan Carlos Reyna, Juan Carlos Martínez Hernández, quienes coincidieron en que existen limitantes y barreras para hacer más expedita la justicia en favor de los pueblos y comunidades indígenas.

Entre ellas, mencionaron la barrera del lenguaje —por lo cual demandaron que haya un mayor número de intérpretes de las diferentes lenguas—; las barreras tecnológicas; la escasez de recursos materiales y humanos; la deficiencia de la infraestructura para la comunicación, desde la dotación de energía eléctrica hasta la recepción de señales de Internet, así como el acceso a los medios de comunicación.