La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) subraya que la libertad de expresión atraviesa por una de sus etapas más críticas y, por tanto, prevalece como asignatura pendiente para el Estado mexicano la obligación de garantizar la seguridad de los comunicadores en su desempeño profesional.

En ocasión del Día Mundial de la Libertad de Prensa –3 de mayo—, este Organismo Nacional llama a las autoridades de los tres niveles de gobierno a poner fin a la impunidad ante el aumento de la frecuencia y gravedad de las amenazas y las agresiones directas contra periodistas y medios de comunicación, que se han convertido en destinatarios de actos violentos en los años recientes.

Entre los derechos fundamentales que el Estado, en su calidad de garante, está obligado a proteger, sobresale el hecho de que los profesionales de la comunicación cuenten con las garantías necesarias para salvaguardar su integridad y seguridad jurídica, así como su derecho a una debida procuración e impartición de justicia.

En este contexto, debe reconocerse la posición de los periodistas como un sector particularmente destinatario de agresiones y de violaciones a sus derechos fundamentales, así como la necesidad que se tiene de proteger su actividad pública en beneficio de la vida democrática del país.

Esta fecha conmemorativa establecida por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1993, tiene como objetivo recordar los principios fundamentales de la libertad de expresión en el mundo.

Esa afirmación no se refiere únicamente al reconocimiento del derecho que tienen los periodistas, comunicadores y medios a expresarse con libertad, sino involucra el derecho de los individuos a estar informados de manera oportuna sobre aquello que acontece en la vida pública.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que los medios de comunicación social se cuentan entre los forjadores básicos de la opinión pública en las democracias actuales, y es indispensable que tengan aseguradas las condiciones para difundir las más diversas informaciones y opiniones.

Ello hace necesario garantizar a los periodistas el goce de condiciones adecuadas para desempeñar su trabajo.

En igual sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos indicó que es fundamental que los periodistas que laboran en los medios de comunicación gocen de la protección y la independencia necesarias para realizar sus funciones a cabalidad, ya que son ellos quienes mantienen informada a la sociedad, requisito indispensable para que ésta disfrute de una plena libertad.

Desde hace más de una década, los propios medios de comunicación así como distintas organizaciones civiles defensoras de derechos humanos, y en particular de la libertad de expresión, han venido realizando foros, seminarios, encuentros, manifestaciones, informes y alertas con la intención de llamar la atención de las autoridades a fin de que se frene la ola de agresiones en su contra, pues esas conductas además de afectar distintos derechos provocan autocensura e inhiben el trabajo periodístico de los comunicadores.

Ante esta situación, el 8 de febrero de este año el Consejo Consultivo de este Organismo Nacional aprobó la Recomendación General 24 “Sobre el ejercicio de la libertad de expresión en México”, en la que se pone de relieve la situación de riesgo que enfrentan los periodistas y comunicadores en el país, y donde se hacen señalamientos a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, para que establezcan políticas públicas que deriven en su protección.

De conformidad con las cifras del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, del año 2000 a la fecha se han registrado 113 homicidios de periodistas, 20 periodistas han desaparecido desde el año 2005 y se han registrado 49 atentados a medios de comunicación desde el año 2006, lo que da cuenta de la gravedad del problema.

Tan solo en los cuatro primeros meses de 2016, un total de seis periodistas han sido asesinados, lo que debe motivar la atención de todas las autoridades del país a fin de crear un frente común para atender una problemática de suma gravedad que afecta la estructura misma del régimen democrático.