Redacción

La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública de México ocupa la primera posición de la “Clasificación Global del Derecho a la Información” (Global Right to Information Rating), dieron a conocer las organizaciones internacionales no gubernamentales, “Centre for Law and Democracy” y “Access Info Europe”.

Dicha clasificación evalúa el marco jurídico general de 112 países y se sustenta en una valoración numérica de criterios considerados fundamentales para la garantía efectiva del derecho de acceso a la información en poder de los gobiernos.

En su conjunto, el ranking, elaborado anualmente por las referidas organizaciones, contiene 150 puntos, de los cuales la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública de México obtuvo 136.

La clasificación también cuenta con sub-indicadores en siete áreas temáticas: derecho de acceso a la información; alcance; procedimientos de solicitud; excepciones y rechazos; apelaciones; sanciones y protecciones, y medidas de promoción.

Este ejercicio de desagregación provee una evaluación detallada de las fortalezas y las debilidades específicas de los marcos jurídicos en materia de acceso a la información.

Desde el lanzamiento de la clasificación en 2013, México había sido evaluado respecto de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental de 2002, ocupando el lugar 9. Este año el ranking ha sido actualizado y México alcanzó el primer lugar de la clasificación, en función de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública de 2015.

Respecto de las organizaciones que elaboran la “Clasificación Global del Derecho de Acceso a la Información”, el “Centre for Law and Democracy” es una organización que trabaja a nivel global en favor de la promoción, protección y desarrollo de los derechos humanos.

En particular, realiza una importante labor en las áreas de libertad de expresión, participación ciudadana y derecho de acceso a la información. Por lo que toca a “Access Info Europe”, está dedicada a promover y a proteger el derecho de acceso a la información en Europa y en el mundo.

La organización considera este derecho como una herramienta para la defensa de las libertades civiles y de los derechos humanos que facilita la participación pública en la toma de decisiones y la fiscalización de los gobiernos.