Por: Redacción

El Pleno del Senado aprobó con 85 votos a favor, 3 en contra y cero abstenciones el dictamen que expide la Ley General de Cultura y Derechos Culturales.

Este nuevo ordenamiento prevé la promoción, por parte de los tres órdenes de gobierno, de la participación corresponsable de la sociedad en la planeación y evaluación de la política pública en materia cultural, además de los convenios que celebrará la Secretaría del ramo para la ejecución de las acciones en este rubro.

También señala que la Federación, entidades federativas, municipios y alcaldías de la Ciudad de México desarrollarán acciones para investigar, conservar, proteger, fomentar, formar, enriquecer y difundir el patrimonio cultural inmaterial, así como la posibilidad de regular su resguardo.

Los objetivos de la Ley serán, entre otros, el reconocimiento de los derechos culturales, el establecimiento de los mecanismos de acceso y participación a las manifestaciones culturales, así como de participación de los sectores social y privado; del mismo modo las competencias, alcances y los asuntos que atenderá la política cultural.

Además, considera la participación del sector público, social y privado en los mecanismos de coordinación, encaminados al cumplimiento del objeto de la Ley, tales como establecer acciones y objetivos de los programas institucionales, contribuir al desarrollo cultural de la población, impulso y protección del patrimonio cultural inmaterial y apoyo al mejoramiento de las instituciones.

Al fundamentar el dictamen ante el Pleno, el senador Gerardo Sánchez García, presidente de la Comisión de Cultura, señaló que la expedición de esta Ley permitirá impulsar y difundir entre la sociedad la cultura, además de que es un paso fundamental para dar al país un instrumento para fortalecer la mexicanidad.

Mencionó que se buscó incluir el patrimonio cultural de la nación para que la población pueda gozar de éste, y destacó que se contempla una inclusión amplia y con equidad de género, para que la sociedad tenga acceso a la cultura y contenidos artísticos. La política cultural del Estado debe ser inclusiva, considerar a los grupos étnicos y sus tradiciones, acotó.

El senador Zoé Robledo Aburto, presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, mencionó que el debate en comisiones versaba sobre si ésta tendría que ser una Ley de Cultura o sobre los derechos culturales.

Señaló que es necesario democratizar la cultura, para que la población de escasos recursos pueda acceder a los eventos culturales y, en ese sentido, consideró que la emisión del “vale cultural” permitirá lograr dicho objetivo.

El senador Manuel Bartlett Díaz, del Grupo Parlamentario del PT, advirtió que “la cultura en el régimen neoliberal es un negocio privado”, por lo que esta Ley se aprobará para privatizar el patrimonio cultural.

Lo anterior, explicó el legislador, porque el dictamen que se sometió a consideración permite la participación de sectores privados, que generalmente son extranjeros, en la administración y gestión de la cultura.

Sandra Luz García Guajardo, senadora del Grupo Parlamentario del PAN, reconoció que “no es la Ley deseada, pero sí la posible, y más allá de lamentar los temas ausentes tiene bondades”, como la promoción del acceso al conocimiento del patrimonio material e inmaterial de las culturas que se han desarrollado en México.

Además, garantiza la participación activa en la cultura, el disfrute de las manifestaciones culturales, así como la protección del Estado mexicano de intereses morales y patrimoniales.

La senadora del Grupo Parlamentario del PRD, Angélica de la Peña Gómez, destacó que la novedad de esta leyes el enriquecimiento del catálogo de derechos culturales, lo que transforma la política cultural de una práctica elitista y suntuaria a una visión de derecho humano.

Apuntó que su aprobación se basa en una conciliación con la Cámara de Diputados, así como con organizaciones y asociaciones del ramo, lo cual permitió su enriquecimiento y abrió los cauces para fortalecer la Secretaría de Cultura, aún por encima de las dificultades económicas.

Blanca Alcalá Ruiz, legisladora del Grupo Parlamentario del PRI, precisó que el objetivo no es regular la cultura, sino establecer mecanismos para garantizar el respeto a la diversidad e igualdad entre todos los sectores de la población.

Se evoluciona de la visión tradicional que se centra en la protección, preservación y difusión de la actividad artística y cultural, abriéndose la perspectiva de establecer a la cultura como un instrumento de cohesión social, paz, y armonía en la convivencia en el país, acotó.

La senadora del PAN, Mariana Gómez del Campo Gurza, aseguró que este es un tema de gran relevancia, puesto que se toma a la cultura como una política de Estado; e indicó que para el próximo año legislativo se debe acompañar la discusión del Presupuesto y de la Ley de Ingresos, para que se otorguen los recursos necesarios a fin de llevar a buen puerto las expectativas y medidas establecidas en la Ley General de Cultura.

Dijo que el dictamen recoge el ejercicio de los derechos culturales y su promoción, a partir de la coordinación entre las autoridades de todos los niveles de gobierno, para que la protección y promoción del patrimonio cultural sea considerado como una política de Estado.

El senador del PAN, José María Martínez Martínez, señaló que la ley da vida a tradiciones, a música, expresiones artísticas literarias y expresiones originarias de comunidades indígenas; e indicó que ésta pretende que la cultura no sea una indumentaria o un artículo suntuario, sino que sea materia que pueda incorporarse el desarrollo económico de los mexicanos.

Subrayó que la ley da a los mexicanos pleno acceso al ejercicio de sus derechos en la vida cultural del país y, subrayó, esta norma no está dirigida exclusivamente para un sector de la población, sino que se trata de un reconocimiento para todos los ciudadanos mexicanos.