Por: Redacción

En su trigésima quinta sesión ordinaria, la Junta de Gobierno del Mecanismo aprobó el diseño y la implementación de una medida de prevención consistente en una campaña de reconocimiento público a la labor de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

La Junta de Gobierno del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, máxima autoridad de este órgano, está conformada por funcionarios de alto nivel de las secretarías de Gobernación, de Relaciones Exteriores, así como de la Procuraduría General de la República, la Comisión Nacional de Seguridad, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y cuatro representantes del Consejo Consultivo elegidos de entre sus integrantes.

En la reunión se apuntó que la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos y libertades fundamentales implica la adopción, por parte del Estado, de medidas de diversa índole que permitan que toda persona sometida a su jurisdicción pueda ejercerlos a plenitud.

Una de estas medidas, se dijo en el encuentro, es el reconocimiento público a la labor de las personas defensoras de los derechos humanos y periodistas como una acción que confirma de manera clara e inequívoca el respaldo de la Junta de Gobierno del Mecanismo a la protección más amplia de estos sectores de la población, garantizando el pleno ejercicio de sus funciones, y reconociendo sus contribuciones para toda sociedad democrática.

La Junta de Gobierno recuerda también el deber de las autoridades locales, estatales y municipales de reconocer las labores de estos actores y de asegurar la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

Las personas defensoras de derechos humanos y periodistas se han constituido como un actor fundamental para la denuncia -pública y ante las instancias competentes- de las violaciones a los derechos humanos que se suscitan en los diferentes ámbitos de gobierno, así como para dar acompañamiento a las víctimas y en la presentación de propuestas en materia de políticas públicas y normatividad que permitan superar los factores que limitan el respeto y garantía de los derechos humanos. Este impulso ciudadano es fundamental para la construcción de sociedades más justas en las cuál se garanticen los derechos humanos y generen una mejor calidad de vida para todas las personas.