Por;. Redacción/

El coordinador de los diputados del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, aseveró que la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, presentada el jueves pasado por Morena, es regresiva, inconstitucional y permite mayor discrecionalidad.

“(Esa iniciativa) significa un retroceso de dos siglos, al proponer volver al régimen centralista modificado en 1836; viola los artículos 40, 115 y 124 de la Constitución Política, y abre la puerta para una mayor discrecionalidad en el manejo de los recursos públicos”, sostuvo en un comunicado.

Señaló que la creación de la figura de los “súper delegados” federales, planteada en la propuesta y anunciada durante la campaña del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, “atenta contra la soberanía estatal y la autonomía municipal, principio consagrado en nuestra Carta Magna”.

“La figura de los súper delegados constituye una herramienta del Ejecutivo de control y sometimiento político sobre los gobernadores y sobre los presidentes municipales”, observó Romero Hicks.

“Es inconstitucional debido a que no se reconoce en nuestra Carta Magna y no tiene por qué existir en nuestra forma de gobierno una figura ‘intermedia’ entre el Ejecutivo federal y los Ejecutivos estatales y municipales”, agregó.

El líder parlamentario manifestó que “Morena, en su afán por cumplir promesas de campaña, de nuevo engaña a la ciudadanía al querer presentar leyes ‘innovadoras’ y persiste con ocurrencias, sin importarle pasar por encima de la Constitución”.

Indicó que otro de los planteamientos es la eliminación de las oficialías mayores de todas las dependencias, con excepción de las secretarías de Defensa Nacional y de Marina, que serán reemplazadas por Unidades de Administración y Finanzas, cuyos titulares serán designados o removidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

“La virtual aprobación de la propuesta genera un amplio espacio de poder al titular de la SHCP, lo cual resulta riesgoso al no establecer parámetros de valoración para la designación de los titulares de dichas unidades y genera un alto grado de discrecionalidad en los nombramientos”, advirtió Romero Hicks.

“La situación adquiere mayor relevancia, añadió, al preverse el ejercicio de sus atribuciones a partir del 1 de enero del 2019, con lo cual se harían responsables del proceso de transferencia de los recursos humanos, financieros y materiales de las unidades administrativas que sufren cambio de adscripción, como lo es, por ejemplo, el tema de seguridad”, abundó.

Afirmó que nombrar directamente a los titulares de las unidades no garantiza, por sí sola, un correcto ejercicio de recursos públicos, ni en las cuestiones de planeación, programación, presupuesto, informática, recursos humanos, recursos materiales, contabilidad y archivos, pues estos temas deberán atenderse conforme a las necesidades de cada dependencia.

El diputado panista apuntó que la iniciativa de Morena propone otorgar atribuciones de fiscalización de recursos públicos a la Secretaría de la Función Pública (SFP), “pero esto implicaría una violación a la facultad de fiscalización que le otorga la Constitución al Poder Legislativo a través de la Auditoría Superior de la Federación”.

“La iniciativa limita la actuación de la SFP con relación a su facultad de realizar auditorías, ya que señala que sólo lo hará en casos excepcionales, sin que se establezcan cuáles, ni los parámetros para realizar la valoración correspondiente”, observó.

“Asimismo, elimina del ámbito de regulación y control de la SFP a la Procuraduría General de la República (PGR); sin embargo, para evitar un vacío, es importante mantener la realización de auditorías y control interno a esta dependencia, mientras concluye el proceso legislativo de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, momento en el cual ésta se convertirá en autónoma”, finalizó Romero Hicks.