Por: Oswaldo Rojas

Hacen ya 18 años, el 22 de diciembre de 1997, 45 indígenas tzotziles en la localidad de Acteal, Chiapas, fueron asesinados a manos de un grupo paramilitar. En su momento el gobierno mexicano, por medio de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, propuso zanjar amistosamente el asunto. Sin embargo La Asociación Civil las Abejas rechazó el trato, pues el gobierno no reconoció la total culpabilidad de los sucesos.

“Las Abejas” han repetido en numerosas ocasiones que el ataque paramilitar formaba parte de la estrategia contrainsurgente del estado mexicano, como se demuestra en el Plan de Campaña Chiapas y que, por tanto, la justicia debe ejercerse en contra de aquellos que planificaron y autorizaron el ataque.

En dicho plan, cuyo redactor tenía el nombre clave S-3 y fue avalado por el  comandante de la VII Región Militar y del General Secretario de la Defensa Nacional, se establecía el combate a las intenciones del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) así como la desarticulación de su estructura.

Tras casi dos décadas de la matanza, son 76 los indígenas que han sido liberados tras haber sido condenados por su participación en los hechos, sin embargo, los culpables de ejercer la fuerza castrense siguen sin recibir ningún tipo de condena.

Según  la declaración para La Jornada de Pedro Faro Navarro, director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba): “La CIDH seguirá su curso y tendremos que ir hasta la Corte Interamericana si es necesario, pero Las Abejas han visto que para ellos la comisión es una vía de evidenciar la situación de la masacre y que eso sólo podría cambiar si el Estado reconoce en todos los niveles su responsabilidad”.

Actualmente el Frayba mantiene el diálogo con el gobierno, pero dice que éste no genera ninguna línea de investigación para desmentir si es culpable o no de las órdenes.