Por: Arturo Nájera/

Con el compromiso de reeestructurar la investigación de la estafa maestra, trabajar conjuntamente con la Comisión de la Verdad del caso Ayotzinapa, judicializar en un plazo no mayor a 60 días el caso Odebrecht y evaluar los protocolos de Pemex en los hechos de Tlahuelilpan, Hidalgo, el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, dio el primer informe de actividades de la dependencia.

A 100 días de la creación de la FGR, Gertz Manero informó las condiciones en las que recibió su nuevo encargo. Dependencia que según sus palabras estaba al servicio del poder político y económico, y en contra de los derechos humanos de todos los mexicanos.

De acuerdo al diagnóstico realizado se encontró un rezago injustificado de más de 300 mil averiguaciones previas y carpetas de investigación, en consecuencia cada unidad podía recibir los casos que “quería o le convenía”. Para su atención se creó un modelo de Oficialías de Partes Única en cada área central de la institución y con ello también se dará respuesta a las 300 mil que sean recibido en esta administración.

Por otra parte el promedio general de eficiencia terminal favorable en sentencias definitivas no alcanzaba el más del 5% del volumen del total de los asuntos transitados. Ante esto se les instruyó a los agentes del Ministerio Público se responsabilicen del trámite y a partir de este, los procesos llevarán nombre, apellido y responsable, para así ser evaluados.

En cuanto a la designación de averiguaciones previas y carpetas de investigación asignadas al Ministerio Público (MP), se halló que existía una desproporción pues en algunas personas tenía hasta mil de ellas y otras ninguna. Por lo se creó el Sistema de Evaluación de Resultados (SER) y junto con Justici@Net detectarán cualquier atraso. Controlando también las fechas y resultados en todos los procesos, a efecto de que los supervisores intervengan para evitar esas incidencias.

Con ese método también se atenderán las más de 21 mil órdenes de aprehensión incumplidas y más de 28 mil mandamientos ministeriales en la misma condición. Y el rezago en la emisión de dictámenes rondan en más de 3 mil.

En cuanto a los funcionarios de alto nivel, a las plazas eventuales y los contratos de honarios dijo que había una descripción injustificada que gozaban de altos salarios. Sin que estos tuvieran delineadas sus obligaciones laborales y tampoco la forma de evaluar sus resultados y productividad.

Sobre el gasto corriente autorizado explicó que no existía ningún control, el cual se aplicaba de “forma anárquica y con un despilfarro evidente en gastos no justificados o inútiles”.

En el tema de los 4 mil vehículos terrestres a disposición de la institución, detalló que un gran número de ellos se utilizaban para el uso de altos funcionarios y “sus allegados”. Mientras que la flota de aeronaves se ocupaban en actividades que poco o nada tenían que ver con las funciones de procuración de justicia.

Asimismo se detectó compras multimillonarias de vehículos aéreos son justificación y a precios “inflados”. Para atender dichas situaciones se aplica rigurosamente una política de control de gastos de operación y con ello se logró un ahorro hasta la fecha de 364 millones de pesos comparado con el mismo periodo de 2018.

Así que el parque de automóviles se podrá reducir en 30%, mientras que el aéreo en 74%. Cancelando todas las unidades de lujo que no son adecuadas para las funciones de la institución.

En la renta de inmuebles también se pagaron costos excesivos y los propios de la FGR fueron abonados. Algunas de esas construcciones fueron otorgados para su venta oficial en el Instituto de Administración y Avalúos del Bienes Nacionales (INDAABIN) , pues se señaló que presuntamente sufrieron daños en los sismos de septiembre de 2017. Ante ello se prevé recuperarlos pues el organismo pretendía concesionarlos por 40 años y esto afectaría el patrimonio de la Fiscalía.

El fiscal aseguró que para que estás acciones sean duraderas e irreversibles, por parte de los corruptos y los enemigos de la democracia, con la nueva Ley Orgánica de la FGR y fundamentalmente con un proyecto de una nueva Ley Nacional de Cultura y Justicia Cívica inmediata, cuya iniciativa ya está prácticamente terminada.

Fundamantada en tres premisas: la prontitud de justicia, la reparación inmediata del daño y establecimientos de los controles sociales para abatir el fenómeno delictivo. Además que ya se está trabajando en un nuevo Código Penal, que contenga los delitos y agravantes que ya se hayan incluido en diversas leyes.