• La Evaluación Nacional de Riesgos 2020 requiere no sólo de la conformación y la coordinación de equipos interinstitucionales altamente especializados en sistematizar y analizar información relevante, sino del impulso de reformas legislativas y políticas públicas, con toda responsabilidad.

Por: Redacción/

La Evaluación Nacional de Riesgos 2020 –que identifica aquellos que México enfrenta en cuanto a lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva– requiere no sólo de la conformación y la coordinación de equipos interinstitucionales altamente especializados en sistematizar y analizar información relevante, sino del impulso de reformas legislativas y políticas públicas, con toda responsabilidad, señaló el doctor Eduardo Peñalosa Castro, rector general de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Durante la presentación de dicho documento –a cargo del doctor Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público– afirmó que este tipo de revisiones son una prioridad de la comunidad internacional, por los peligros para la paz y la estabilidad de las democracias y los sistemas financieros.

En un acto convocado por esta casa de estudios, el Consejo Regional del Área Metropolitana (CRAM) de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y la UIF, el doctor Peñalosa Castro sostuvo que lamentablemente, ante el avance de la delincuencia organizada el mayor de los desafíos es la actualización constante de las medidas de prevención de estas actividades, tan peligrosas para el mundo.

Uno de los objetivos del CRAM –que el Rector General de la UAM preside– es mantener el vínculo necesario entre los investigadores de las universidades, los centros científicos de la Zona Metropolitana del Valle de México y las instituciones del Estado mexicano, buscando que la perspectiva académica, en todas las áreas y disciplinas, sea aprovechada y contribuya al desarrollo de la región y, por extensión, del país.

En la ceremonia –moderada por la doctora Mariana Moranchel Pocaterra, profesora de la Unidad Cuajimalpa y magistrada de la Sección Especializada en Materia de Responsabilidad de los Servidores Públicos de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México (TJA-CDMX)– el doctor Nieto Castillo identificó al narcotráfico, la delincuencia organizada, los delitos precedentes y la corrupción como los riesgos principales que enfrentan las instituciones mexicanas.

El documento –que puso a consideración de los universitarios– sintetiza la información proveniente de distintas áreas del Estado mexicano respecto del cumplimiento de obligaciones internacionales, en particular de la recomendación número uno del Grupo de Acción Financiera Internacional, de la cual México forma parte desde 2000, a través de la UIF.

El propósito es que todos los sectores obligados por la ley tengan un enfoque basado en riesgos para poder analizar los determinados ámbitos de actuación, ya que se trata de tener variables para poder detectar casos de lavado de dinero, empresas fachada y la comisión de otras conductas delictivas, apuntó.

La evaluación parte de la idea de dividir los análisis sectoriales y cómo responden a la generación de nuevas normas incluidas por la normatividad supranacional y el estudio de las vulnerabilidades y los delitos precedentes, que refieren aquellas conductas criminales que tienen la finalidad de ocultar o dar una apariencia legal al origen ilícito de recursos, por ejemplo, la trata de personas, el robo de hidrocarburos y el desvío de recursos públicos.

Lo primero que “tenemos que ver son las amenazas como un factor externo, que terminan impactando dentro del sistema; la vulnerabilidad relacionada con las deficiencias del diseño institucional, y la necesidad de entender cómo los esquemas institucionales terminan permeando en la sociedad y, por tanto, es indispensable su reformulación.

Nieto Castillo advirtió que la mayor parte de los delitos tiene siempre un componente financiero, como ocurre con la trata de personas, los asuntos vinculados con defraudación, financiamiento ilegal a las campañas electorales, peculado y cohecho; todos estos tipos penales están vinculados con el flujo de recursos.

La metodología utilizada consistió en analizar cuestiones prácticas, un poco pensando en una construcción conceptual, pero sobre todo de los casos de éxito de los asuntos judicializados, las sentencias, y las tipologías generadas por la Unidad, a partir de lo cual se establece cuáles son las principales amenazas y vulnerabilidades del sistema.

Todo esto generó un modelo de alcance nacional, trabajando con los sectores público y privado con la finalidad de encontrar las materias que impactan en el sistema financiero y la económica, en prevención de lavado de dinero, combate al financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

Las amenazas fueron clasificadas y se identificó que las tres grandes se ubican en la delincuencia organizada, el nivel de recursos generado y la corrupción.

El maestro Jaime Valls Esponda, secretario general de la ANUIES, aseveró que las instituciones de educación superior constituyen un espacio natural para una tarea de los alcances que un proceso de evaluación requiere de manera constante y sistemática; por ello, la Asociación ha expresado su disposición para apoyar el trabajo que en esta materia realiza el Estado mexicano y sus organismos especializados.

Para contribuir con este objetivo, la ANUIES avanza con determinación hacia la creación de un observatorio universitario, concebido como un mecanismo de coordinación y facilitación de las acciones, que en distintas magnitudes y escalas se lleva a cabo por parte de las autoridades gubernamentales, las organizaciones de la sociedad civil, el sector privado y todos los actores involucrados.

Lo anterior, con el fin de contar con herramientas de conocimiento y evaluación que permitan una toma de decisiones más eficaz en la procuración y, sobre todo, en las tareas de prevención que conduzcan a una justicia pronta, certera y cada vez de mayor calidad.

Luego de los comentarios de retroalimentación por parte de los doctores Hugo Concha Cantú, del Instituto de investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Lourdes Morales Canales, del Centro de Investigación y Docencia Económicas, la doctora Moranchel Pocaterra destacó que la Evaluación Nacional de Riesgos es un instrumento fundamental para contar con mecanismos que admitan las mejores soluciones, con el fin de erradicar los delitos y la corrupción.