Por: Redacción/

La senadora del PRI, Verónica Martínez García, propuso solicitar a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, que en la aprobación del proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2020, incrementen los recursos para el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública, FORTASEG, y para el fondo de aportaciones para la seguridad pública, FASP.

A través de un punto de acuerdo enviado a la Cámara de Diputados, destacó que el FORTASEG, es un subsidio que se otorga a los municipios, y en su caso, a los estados. Les auxilia a financiar costos de los controles de confianza en las instituciones policiales municipales, su capacitación, para las mejoras laborales, equipamiento, infraestructura, apoyar la profesionalización, la certificación, prevención del delito, la conformación de bases de datos y para centros telefónicos.

En la exposición de motivos, aseguró que la Estrategia Nacional de Seguridad Pública plantea objetivos, que con los recursos propuestos en materia de seguridad, se ve difícil puedan ser satisfechos. Se estima que para el próximo año sumarían 3 mil millones de pesos, comparados a 2019, cuando se aprobaron 4 mil nueve mdp, lo cual representa una considerable reducción a un fondo tan importante.

La legisladora señaló que en relación al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública, que sirve para transferir recursos a las entidades federativas para cumplir con las estrategias nacionales de la materia, se estima que sumarían 7 mil 444 millones de pesos para el 2020; es decir, solo 234 mdp más que en 2019.

El FASP apoya el diseño de políticas públicas para la prevención de la violencia y la delincuencia con la participación ciudadana, favorece la profesionalización y certificación policial, asiste las tecnologías, la infraestructura y el equipamiento de operación policial: Además implementa y desarrolla el sistema de justicia penal y métodos complementarios.

En México existen 2 mil 457 municipios, además de las 16 alcaldías ubicadas en la Ciudad de México. Son el primer contacto para conocer las necesidades ciudadanas, y a la vez, los responsables de gobernar para enfrentar los problemas de orden común como la inseguridad.