Por: Redacción/

La iniciativa de reforma constitucional en materia educativa, enviada por el Ejecutivo federal a la Cámara de Diputados, plantea, entre otros aspectos, que la educación que imparta el Estado debe ser equitativa, de excelencia y gratuita hasta el nivel superior.

Mantiene los principios de laicidad y universalidad, y añade los de democracia e integralidad. El concepto de calidad es sustituido por el de excelencia.

Para lograr el cumplimiento de dichos principios, el documento establece que el Estado aplicará una política incluyente, adecuada a la diversidad cultural y étnica, por lo cual en las zonas indígenas se asegurará la impartición de educación bilingüe y bicultural.

En las zonas vulnerables se implementarán acciones de carácter alimentario y se respaldará a los estudiantes en condiciones de desventaja socioeconómica, mediante políticas incluyentes de carácter transversal.

Además, indica que la educación que imparta el Estado debe fomentar en los seres humanos el civismo y una cultura de paz.

La iniciativa del Ejecutivo estipula que los planes de estudio deberán incluir la promoción de valores, el conocimiento de la historia, geografía, cultura y lenguas originarias de país, así como la activación física, el deporte, la artes, en especial la música, las diversas manifestaciones culturales y el respeto al medio ambiente.

En su exposición de motivos, el Ejecutivo señaló que la Cuarta Transformación del país debe inspirarse en la equidad, que es un principio fundamental para el acceso al bienestar social.

“Garantizar la educación a toda la población es una de las responsabilidades centrales del gobierno. La excelencia en el aprendizaje del mayor número de personas debe ser el objeto primordial de una sociedad democrática. Recibir educación en todos los niveles es un derecho universal de los habitantes del país”, expresó.

Suspensión de evaluación magisterial

La propuesta legislativa señala que el interés supremo de la impartición de educación, por parte del Estado, radica en los niños, niñas y jóvenes, y que el magisterio debe asumir una función de agente primordial de la transformación social.

Agrega que los maestros tienen el derecho de acceder a un sistema permanente de actualización y formación continua para cumplir con los objetivos y propósitos del sistema educativo nacional.

Estipula que quedará suspendida la aplicación de cualquier forma de evaluación a los maestros, así como cualquier efecto sobre la permanencia en el empleo que derive de evaluaciones realizadas con anterioridad

En ese sentido, abroga la Ley del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y la Ley General del Servicio Profesional Docente, publicadas el 11 de septiembre de 2013.

Señala que se creará, en una legislación secundaria, un centro con autonomía técnica que contribuya a la mejora continua de la educación, que sustituirá al INEE, el cual está reconocido por la Carta Magna como un organismo público autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio.

Al respecto, el Ejecutivo indicó, en el documento, que el INEE se percibió “como un instrumento persecutor para el magisterio, por lo que se cancela”.

“El Ejecutivo federal a mi cargo considera un error aplicar criterios sancionatorios y persecutorios que parten de la desconfianza hacia los profesionales de la docencia y pretenden poner todo el énfasis de la supuesta mejora de la enseñanza en la sujeción de procedimientos mecánicos de evaluación, alejados de las vivencias compartidas por profesores y alumnos, y de las necesidades específicas de diferentes culturas, regiones, costumbres y otros factores que inciden en la educación”, externó.

Ruta de análisis de la iniciativa

El pasado 12 de diciembre, el Ejecutivo federal envió a la Cámara de Diputados la iniciativa que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de los artículos 3, 31 y 73 de la Carta Magna, la cual será analizada y dictaminada en Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Educación.

La presidenta de la Comisión de Educación, Adela Piña Bernal (Morena), informó el pasado jueves que los trabajos para el análisis de la iniciativa comenzarán este lunes 28 de enero, a las 17:00 horas, con una reunión de trabajo con el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Estaban Moctezuma Barragán.

Posteriormente, del 6 al 16 de febrero se realizarán audiencias públicas en el Palacio Legislativo de San Lázaro, con el objeto de establecer un diálogo plural y escuchar a todas las voces de los diferentes sectores del ámbito educativo.

El miércoles 6 habrá una mesa de trabajo con docentes y representantes sindicales; el viernes 8 con especialistas y académicos, y el sábado 9, con docentes de escuelas normales y universidades.

El lunes 11 se continuará con legisladores federales y locales; el miércoles 13 con organizaciones de la sociedad civil y organismos nacionales e internacionales; el viernes 15 con padres y madres de familia, y el sábado 16 con autoridades educativas federales, estatales y organismos públicos.