Por: Redacción/

El próximo gobierno de México deberá hacer un gran esfuerzo por incrementar la educación media superior y superior, extendiendo la cultura, las ciencias y las humanidades a un mayor número de jóvenes e impulsar la creación de centros de enseñanza en las regiones con mayor marginación.

Las escuelas que han alcanzado una madurez institucional plena podrían participar en la formación de nuevas capacidades, sobre todo respecto del personal docente y el diseño de modelos pedagógicos que conjuguen la enseñanza con la investigación, consideró el doctor Fernando de León González, rector de la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Al inaugurar el Coloquio Internacional Balance y perspectiva de la educación en México en esa sede académica destacó la importancia de que el personal docente de las universidades públicas posea un nivel alto de formación pedagógica.

A partir del primero de julio de este año, las instituciones entablaron un diálogo con el equipo de transición del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y en específico la UAM ha participado en varias reuniones de trabajo con el doctor Luciano Concheiro Bórquez, quien será parte del futuro gobierno en el sector.

El maestro Carlos Alfonso Hernández, director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, puntualizó que el financiamiento de las escuelas será fundamental y “esperamos que sea uno de los ejes estratégicos” a partir del primero de diciembre.

Leonel Pérez Expósito, coordinador de la Maestría en Desarrollo y Planeación de la Educación, señaló que a partir de la reforma educativa que dejó la administración federal saliente se deberá trabajar para determinar cómo enfrentar los problemas relacionados con la enseñanza obligatoria y superior.

En la conferencia magistral, Emilio Tenti Fanfani, profesor en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, cuestionó la legitimidad de evaluar al cuerpo docente, debido a que en los últimos años los sistemas educativos ya no son sólo sujetos activos, sino también objeto de esa medida.

El uso intensivo de la evaluación y el examen se ha convertido en materia de observación y valoración, tal vez porque existen sospechas por parte del Estado de que no hay en todos los casos una correspondencia entre el conocimiento y las competencias desarrolladas por los alumnos y los certificados, diplomas o títulos legítimamente otorgados por las instituciones escolares.

Cuando el Estado es el que evalúa, lo que hace es clasificar, establecer límites precisos y con ello institucionalizar, con consecuencias prácticas determinantes, ya que esto indica que determinados actores sociales representativos y poderosos de la sociedad desconfían de lo que hace y produce el sistema educativo.

En este contexto, no es de extrañar que los propios agentes escolares se hayan sentido incómodos frente a políticas que ponen un manto de duda sobre lo que se hace y produce cotidianamente en las aulas y de hecho en casi todos los países los programas de evaluación de la calidad no recibieron la aceptación inmediata de los docentes y menos aun de aquellos aglutinados en organizaciones sindicales.

El politólogo aseguró que en casi toda América Latina las evaluaciones fueron objeto de fuerte resistencia por grupos significativos de maestros, pues es un aspecto problemático de la dimensión pedagógica del trabajo académico que implica el dominio de un conjunto de competencias técnicas relativamente complejas que requieren un aprendizaje permanente.