• El Movimiento destacó que la desaparición del FAARI provocaría que las víctimas sean atendidas con fondos de tipo ordinario, además los recursos destinados a las víctimas podrían tener un uso discrecional.

Por: Redacción/

El Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad (MPJD) externó que la desaparición del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI), propuesta en el dictamen sobre la desaparición de fideicomisos públicos de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, representa un gran retroceso en materia de atención y protección de las víctimas.

“El dictamen emitido por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, en el que se pretende reformar y derogar diversas disposiciones relacionadas con decenas de fideicomisos público. Se incluyó en último minuto, sin ser sometidas a un ejercicio de parlamento abierto, reformas y derogaciones a la Ley General de Víctimas (LGV) que, en caso de aprobarse, representarían un retroceso y la suspensión de los derechos por los que las víctimas han luchado durante la reciente década”, determinó el MPJD.

El Movimiento destacó que la desaparición del FAARI provocaría que las víctimas sean atendidas con fondos de tipo ordinario, además los recursos destinados a las víctimas podrían tener un uso discrecional. Aunado a ello, puntualizó que la derogación del artículo 133 de la Ley General de Víctimas (LGV) permitiría que estos recursos sean susceptibles de cargas fiscales.

“Si el FAARI desaparece, y el presupuesto dedicado a la atención a las víctimas se reduce a atenderlas con fondos de tipo ordinario, se corre el riesgo de un uso discrecional del mismo, que podrá disminuir e incluso desaparecer en función de las actividades que el gobierno considere prioritarias, como, por ejemplo, la militarización del país o la construcción de obras de infraestructura faraónica e inoperante que amenaza la vida de los territorios indígenas. La derogación que, además del FAARI, pretende hacerse del artículo 133 de la LGV, hará que el uso de los recursos en favor de las víctimas se vuelva susceptible de cargas fiscales”, sentenció el MPJD.

El FAARI obliga a la Cámara de Diputados a destinar el 0.014 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación, anualmente, al Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), asimismo impide que estos recursos económicos sean utilizados con fines políticos o gubernamentales.

“Las modificaciones propuestas a la LGV en ningún momento se consultaron abiertamente con las víctimas, aprobarlas sin discutirlas con ellas reduce sensiblemente la posibilidad, negada constantemente por el Estado, de que algún día puedan alcanzar la verdad, la justicia y la reparación a la que tienen derecho y por la que tanto han luchado”, expresó el MPJD.

Por tal motivo, el Movimiento exhortó a los diputados federales ha detener la reforma y abrir un diálogo de parlamento abierto para permitir la participación entre organismos de la sociedad civil y los legisladores en las decisiones que afecten a las víctimas.

“Mientras no se trabaje seriamente en un modelo de Justicia Transicional, cuya base está en la LGV y en el Modelo Integral de Atención a Víctimas (MIAV), el tipo de modificaciones que la actual legislatura pretende hacer a una institución fundamental para enfrentar la tragedia humanitaria que vive el país sólo reforzará la injusticia, la impunidad, la revictimización y el crimen”, finalizó el MPJD.