Por: Redacción/

En México, el deterioro en la calidad del servicio de agua potable y saneamiento ha sido producto de la corrupción, afirmó Jorge Arriaga Medina, coordinador Ejecutivo de la Red del Agua UNAM.

Según el estudio “Corrupción en los sistemas de agua potable y saneamiento en México”, elaborado por Arriaga Medina y por el Centro Regional de Seguridad Hídrica (instancia bajo auspicio de la UNESCO), 22 por ciento de la población muestreada ha dado u ofrecido sobornos; sólo tres de cada 10 han denunciado algún acto de corrupción; y 59 por ciento de los consultados está inconforme con el servicio de agua.

El valor promedio de la ‘mordida’ ciudadana asciende a 200 pesos, y se destina a recibir trato preferencial frente a otros usuarios, modificar el recibo de pago, y hasta por una o varias conexiones para contar con el líquido.

“Aunque aparenta ser una cantidad modesta, 200 pesos es demasiado para personas en sitios marginados del país, y son éstas las que resienten en mayor proporción el deterioro en la calidad del servicio”, expuso Arriaga.

Al presentar su trabajo, en el marco del Coloquio “Agua para una ciudad sostenible”, convocado por el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad (PUEC), afirmó que entre 21 y 30 por ciento del presupuesto para este subsector, destinado al final de la administración federal pasada, se malversó y no llegó a su destino.

Además, las pérdidas económicas del sector en el último año del sexenio pasado, provocadas por dicho flagelo, ascienden a entre 7.3 mil y 10. 4 mil millones de pesos.

Tras su investigación, el también maestro en tecnología ambiental con especialización en agua por el Imperial College London de Reino Unido, y diplomado en integridad por la Universidad Mykolas Romeris de Lituania, en coordinación con Transparencia Internacional, concluyó que la corrupción en este ámbito es sistémica.

“Hubo colusión entre servidores públicos y contratistas, e irregularidades en los procesos de planeación, selección y aprobación de proyectos, debido a la falta de capacidad institucional y de cumplimiento de las leyes, así como por salarios poco competitivos de trabajadores del subsector y falta de información pública”.

Por ello, se requieren mejores recursos humanos, funcionarios con servicio profesional de carrera, el diseño de un marco jurídico de cumplimiento claro, sensibilización de la ciudadanía y un nuevo diseño de integridad, rendición de cuentas y con mayor participación.

En el estudio se integró un análisis del sistema de gobernanza, se revisaron 17 instrumentos internacionales sobre corrupción y se recabaron opiniones autorizadas de múltiples expertos de los sectores académico, gubernamental y de la sociedad civil, con más de cinco años en una posición directiva.

De igual manera, para analizar la corrupción a pequeña escala y contar con la percepción, opinión y experiencia de primera mano, se aplicaron entrevistas a 617 usuarios de 28 estados de la República, para.