Por: Redacción/
El PRI-Gobierno debe responder por la corrupción de sus gobernadores y de la presente administración, que ha llevado al país a uno de los lugares peor calificados en esta materia, manifestó el coordinador de los senadores del Partido Acción Nacional (PAN), Fernando Herrera Ávila.
“Odebrecht, el Socavón, la Casa Blanca, Javier Duarte, César Duarte, Roberto Borge, Eugenio Hernández y Tomás Yarrington son algunas de las credenciales de un PRI corrupto, junto con la de su dirigente Enrique Ochoa, quien se pagó una indemnización laboral onerosa, a cargo del dinero de los mexicanos”, sostuvo.
Herrera Ávila indicó que Javier Duarte, César Duarte y Roberto Borge pasaron de ser “la nueva generación del PRI”, que el Ejecutivo federal presumió hace cuatro años, a gobernantes corruptos, perseguidos por la justicia.
Más allá de condenar o expulsar a sus ex gobernadores corruptos, el PRI-Gobierno debe asumir la responsabilidad por las acciones u omisiones que pudieran vincularlo con los delitos o irregularidades cometidas por aquéllos, como las que se imputan al recién detenido, Eugenio Hernández, de Tamaulipas, manifestó.
“La corrupción del PRI-Gobierno lastima al país y a los mexicanos, pero continúa imperando la impunidad”, aseveró.
Herrera Ávila señaló que después de la inseguridad, la corrupción se ha convertido en el problema que más lastima a los mexicanos.
Observó, por ejemplo, que en la actual administración priista, México ha ido deteriorando su imagen internacional, al ser percibido como uno de los más corruptos, junto con países como Azerbaiyán, Honduras, Laos, Moldavia, Paraguay y Sierra Leona, de acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción en el sector público de Transparencia Internacional.
En ese estudio, elaborado con informes de instituciones internacionales, como el Banco Mundial y Freedom House Nations, se indica que México cayó 28 posiciones, al pasar del lugar 95 al 123, entre 176 países analizados en 2016, agregó.
Fernando Herrera Ávila sostuvo que la bancada panista seguirá dando la pelea contra la corrupción y exigirá que las conductas ilegales no queden impunes, como en los casos de los ex gobernadores de Tamaulipas, Veracruz, Chihuahua y Quintana Roo.
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