Por: Redacción

La primera Constitución de la Ciudad de México deberá contemplar figuras jurídicas que garanticen el control y la supervisión ciudadana de los actos de los tres niveles de gobierno, que permitan la participación de los capitalinos en los proyectos que impulsen el desarrollo sustentable de la capital del país y, sobre todo, para evitar regresiones en los derechos y libertades logradas en los últimos años, afirmó el diputado electo a la Asamblea Constituyente, José Manuel Oropeza Morales.

La Constitución deberá sentar las bases para democratizar a fondo la ciudad. La ampliación de la visión de la democracia y la incorporación al texto constitucional de nuevos derechos políticos debe ser el compromiso. El plebiscito, el referéndum, la iniciativa popular, la consulta pública y la revocación del mandato con carácter vinculante deben ser reconocidas en la Constitución”, aseveró el legislador por el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

“La democracia participativa debe reconocerse y consolidarse en la vida cotidiana de la ciudad y en todos los niveles de gobierno. No puede haber verdadera planeación sin participación ciudadana, se debe informar y consultar a los ciudadanos sobre los asuntos públicos, programas, proyectos y presupuestos que impactan a sus comunidades”, refrendó.

Oropeza Morales, quien ocupará un espacio en la Asamblea Constituyente que será instalada el próximo 15 de septiembre de 2016, consideró que “las figuras de representación vecinal se deben reconocer y fortalecer en sus facultades desde la Constitución, el presupuesto participativo debe reconocerse también, ampliarse y ser un instrumento real que democratice la gestión pública”.

“Los esquemas de control, supervisión y evaluación ciudadana deben abarcar los tres poderes de gobierno, además de los gobiernos de las alcaldías. Sin democracia representativa y participativa no hay derecho a la ciudad”, reforzó.

Oropeza Morales señaló los diputados pondrán sobre la mesa de discusión los temas de seguridad pública y la procuración de justicia y el acceso a ésta, porque, sin duda, representan una de las principales preocupaciones y exigencias ciudadanas.

Al respecto, afirmó que “la Constitución deberá establecer las bases para garantizar la seguridad, la paz y la tranquilidad en la ciudad. Ahora será facultad plena de la ciudad la designación de los titulares de la seguridad pública y la procuración de justicia locales, junto con ello la coordinación permanente debe ser un imperativo, así como la profesionalización y capacitación de los cuerpos de seguridad, ministerios públicos etc.”

“El combate al delito demanda una estrategia integral que ataque causas y efectos, que fortalezca el tejido social, que ponga en el centro alternativas para los jóvenes, que prevenga el delito, que lo persiga con eficacia y profesionalismo, que reduzca la impunidad, que acote la corrupción. El control y supervisión ciudadana en esta materia son muy importantes, esto debe incluir el poder judicial de la ciudad. Ningún poder e institución pública debe estar exenta de la transparencia, la rendición de cuentas y el control ciudadano”, enfatizó.