Por: Redacción/

El gobierno federal ha acrecentado la comunicación sobre sus actividades hacia la sociedad civil, lo cual no era común en administraciones pasadas, pero eso no significa que la información brinde transparencia ni se convierta en combate a la corrupción, finalidad primordial de la Cuarta Transformación, asegura el doctor Ángel Mundo López, investigador de la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

El modelo de comunicación continua por medio de conferencias matutinas ante la prensa en realidad no ha marcado diferencias respecto de discursos institucionales pasados, pues a pesar de las preguntas expresas de los periodistas, las respuestas del presidente suelen ser evasivas: “yo tengo otros datos”, una frase que por la fuerza de la reiteración se está convirtiendo en un clásico.

La dinámica periodística establecida por Andrés Manuel López Obrador se circunscribe a un patrón obsoleto y poco transparente, ya que la multiplicación de actos y declaraciones continúa como cuando a las instancias autónomas de transparencia de la información no se les permitía cumplir a cabalidad con su función, afirma el profesor del Departamento de Política y Cultura.

En 2002 se promulgó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP) y se creó el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, entonces IFAI y ahora INAI, el cual estableció mecanismos para la solicitud de datos y para la resolución de impugnaciones de aquellas respuestas que, sin sustento legal, los niegan.

Esto como una forma de crear contrapesos a los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial a través de diversos organismos autónomos que cumplirían con determinadas funciones y garantizarían ciertos derechos. Además, con el fin de instaurar el Sistema Nacional Anticorrupción, en 2014 se llevó a cabo una reforma que, entre otras cosas, trajo consigo la promulgación de una Ley General de Transparencia que pretendía dotar al Instituto de mayores capacidades y responsabilidades para mejorar el acceso a la información.

Sin embargo, dicha reforma hizo más turbio el acceso a los datos y como ejemplo está la eliminación que hizo el gobierno anterior de los portales de Internet de cada dependencia para integrar toda la administración pública federal en un solo portal, el www.gob.mx, lo que dificulta la búsqueda de información, incluso la catalogada como obligaciones de transparencia.

El doctor en Ciencias Sociales lamentó que la administración actual lejos de modificar dicha situación la ha perpetuado, lo que contradice uno de los principales objetivos del gobierno, que es la lucha contra la corrupción; el presidente debe reconocer que los organismos autónomos son parte importante del sistema político mexicano que amplió los contrapesos al poder ejecutivo.

En un afán por querer marcar diferencias respecto de sus antecesores, López Obrador ha multiplicado la información hacia la ciudadanía, pues este año no sólo se realizó un informe por los primeros cien días de gobierno, sino que el primero de julio presentó otro por el aniversario del triunfo electoral, además del institucional del primero de septiembre.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone al jefe del Ejecutivo la obligación de presentar un informe anual ante el Congreso sobre la situación general de la nación (art. 69) el primero de septiembre y entregarlo por escrito; éste fue perdiendo transparencia, hasta que en 2006 el presidente en turno ni siquiera pudo ingresar al Palacio Legislativo.

Con la Cuarta Transformación y la necesidad de mantener enterada a la población, no sólo retornó la práctica de transmitir el informe por los medios electrónicos, sino que se ha instaurado la transmisión de las conferencias matutinas para dar a conocer los trabajos que el gobierno lleva a cabo en los rubros más destacados del día.

El presidente ha esgrimido críticas contra diversos medios y organismos autónomos, alegando dispendios en muchos de ellos, particularmente en el rubro de los salarios, algo que se confronta con uno de los estandartes enarbolados en el anterior proceso electoral: la implantación de una administración austera.