Por: Redacción

La denuncia presentada por académicos de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el gobierno de los Estados Unidos de América fue atendida y se esperan medidas al respecto en los próximos días.

La resolución exhorta al país vecino a que se conduzca conforme a derecho, ya que de no ser así se aplicarán las sanciones correspondientes o se acudirá a una instancia superior como la Organización de los Estados Americanos (OEA).

El doctor Antonio Salcedo Flores, profesor-investigador del Departamento de Derecho de la Unidad Azcapotzalco, refirió que “hay muchas instancias y medios para seguir la labor que se emprendió, pero lo que queremos son pasos firmes”.

El licenciado Javier Huerta Jurado, director de la Revista Alegatos de la UAM, señaló que esta denuncia puede ser “un acontecimiento propicio para poner a prueba las instituciones que dependen de la OEA y ver si Estados Unidos está dispuesto a darle funcionalidad a los acuerdos”, de lo contrario, dijo, “someterá a una crisis profunda a la comisión y todas las instituciones involucradas”.

Los cargos imputados en el documento presentado el 12 de diciembre de 2016 atañen a las acciones u omisiones en contra de los derechos humanos incluidos en diversos instrumentos internacionales como la Declaración Americana de los Derechos y los Deberes del Hombre.

El escrito emitido por el grupo de profesoras y profesores asienta que no deben permitirse actos que generen o fomenten discriminación y vulneren las garantías de las personas que se encuentran en ese país, ya que el sistema jurídico mundial prohíbe a los presidentes realizar actos u omisiones que conlleven a la discriminación, odio, violencia, persecución o deportación masiva.

Mediante un comunicado de prensa, emitido el 1 de febrero de este año, la CIDH insta a los Estados Unidos a dejar sin efecto tres órdenes ejecutivas dictadas por su actual presidente, de conformidad con sus obligaciones internacionales y dice “el país tiene la obligación de implementar todas las medidas necesarias para proteger la vida, integridad y seguridad de las personas migrantes bajo su jurisdicción”.

Además expresa que los procedimientos migratorios deben respetar las garantías mínimas, tales como ser escuchado por las autoridades competentes y poder ejercer el derecho de defensa.

El documento refiere que las órdenes ejecutivas y medidas anunciadas por el mandatario estadounidense representan una política dirigida a estigmatizar y criminalizar a los migrantes o a cualquier persona percibida como tal.

También anuncia que se espera que la intervención de la CIDH y otros organismos como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) hagan cesar estos actos y omisiones violatorias de los derechos humanos.