Por: Redacción/

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ve con preocupación el que en muchas regiones del país se incrementen los hallazgos de fosas clandestinas y, por consiguiente, el número de cadáveres y/o restos humanos de ellas exhumados.

Por ello, destacó la importancia de que las actuales autoridades de los tres niveles de gobierno y las que próximamente asumirán las responsabilidades de la conducción del país establezcan en el corto plazo una política integral que prevenga, investigue y sancione las violaciones que se generan con la práctica de realizar inhumaciones en fosas clandestinas, lo cual permitirá que los familiares de las víctimas ejerzan sin cortapisa sus derechos reconocidos en la Constitución Mexicana, en los instrumentos internacionales y leyes afines, especialmente los relacionados con los derechos a la verdad, acceso a la justicia, reparación integral del daño y garantías de no repetición, y que se les de toda la participación que la ley les reconoce, así como acceso a la información puntual, oportuna y sistemática.

El Organismo Nacional destacó en el Informe Especial sobre Desaparición de Personas y Fosas Clandestinas en México dado a conocer en abril de 2017, se logró conocer de manera oficial que del periodo comprendido del 1 de enero de 2007 al mes de septiembre de 2016, en el país se habían localizado 855 fosas clandestinas, de cuyo interior se habían exhumado 1,548 cadáveres y/o restos óseos, en tanto que de un muestreo hemerográfico realizado en el mismo periodo permitió advertir un total de 1,143 fosas clandestinas localizadas en territorio nacional, de las que se desprende la exhumación de 3,230 cadáveres y/o restos humanos.

Un nuevo muestreo hemerográfico realizado por la CNDH sobre sobre fosas clandestinas derivó en el hallazgo de cuando menos 163 en el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 30 de agosto del año en curso, de las que se exhumaron cuando menos 530 cuerpos, de los que fueron identificados 54 y cuando menos 476 quedaron sin identificar, y el número de restos localizados ascendió a un total de 165,431.

A estas cifras debe añadirse la información difundida por la Fiscalía General del Estado de Veracruz, que confirmó el hallazgo de una nueva fosa clandestina en la zona centro de la entidad, de donde fueron exhumados los restos de al menos 166 personas que fueron privadas de la vida en los últimos dos años.

En cuanto a las entidades federativas en que se halló el mayor número de fosas clandestinas, de acuerdo con el muestreo hemerográfico de la CNDH, son Veracruz, 37; Chihuahua, cuando menos 22; Sinaloa, 22; Zacatecas, 17, y Jalisco, 14, mientras que los estados en que fueron exhumados el mayor número de cuerpos son Jalisco, 126; Veracruz, 83; Nayarit, 70; Zacatecas, 51 y Chihuahua, 59.

En contraste, en Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Durango, Hidalgo, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala y Yucatán no se hallaron fosas clandestinas, y los estados con menor número de cuerpos exhumados son Michoacán, 1; Quintana Roo, 1; Nuevo León, 2; Coahuila, 4 y Colima, 6.

Para esta Comisión Nacional, los resultados de este muestreo confirman que la existencia de fosas clandestinas es consecuencia, entre otros aspectos, de la falta de procuración de justicia pronta y expedita que, lejos de producir investigaciones eficaces y sustentables para la localización de víctimas y el ejercicio de la acción penal contra los responsables, en la mayoría de los casos sitúa a los agraviados y a sus familiares en estado de abandono, revictimizándolos al hacerles nugatorios sus derechos reconocidos en Constitución General de la República e instrumentos internacionales en la materia.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos realizó este ejercicio de muestreo en seguimiento de su Informe Especial sobre Desaparición de Personas y Fosas Clandestinas en México, y solicitará a las autoridades la información oficial disponible.

El hallazgo de fosas clandestinas desafía y cuestiona las capacidades y recursos del Estado mexicano para dar respuesta a una situación que, con el paso del tiempo, se ha convertido en obstáculo que no se ha podido superar en el camino hacia una cultura sustentada en la observancia de los derechos humanos y el respeto a la dignidad de las personas.